Según la Real Academia Española (RAE), el término “analfabetismo” se refiere a la falta de instrucción elemental, especialmente en relación con quienes no saben leer ni escribir. Sin embargo, en un sentido más amplio, implica la carencia de conocimientos básicos sobre una disciplina específica, lo que convierte a una persona en profana en la materia.
En este caso, cuando hablo de “analfabetismo político”, me refiero específicamente a Pablo Fernández, portavoz de Podemos, quien ha decidido atacar a la Guardia Civil y culparla de liberar a los agresores del periodista Román Cuesta.
Fernández no solo carece de los conocimientos mínimos para evaluar con criterio la actuación policial, lo que lo convierte en un analfabeto en la materia, sino que, además, con la soberbia que le otorga la impunidad política, pretende emitir juicios al respecto. Ignora que, en un Estado de Derecho, esa decisión no corresponde a los guardias civiles ni a los políticos, sino única y exclusivamente a la autoridad judicial, lo que lo convierte también en un analfabeto político.
La política desinformada utiliza intencionadamente información falsa, engañosa o manipulada para influir en la opinión pública y desestabilizar instituciones democráticas, una estrategia que busca polarizar a la sociedad. El “señor” Pablo Fernández emplea esta “desinformación política” al difundir deliberadamente información sesgada para engañar, con el fin de influir en la opinión pública por motivos partidistas.
No se trata de “misinformation” (información errónea compartida sin intención maliciosa), sino de un acto deliberado de manipulación para socavar la confianza en una de las instituciones más queridas y respetadas, como es la Guardia Civil, con el objetivo de criminalizarla y polarizar a la sociedad.
Las acusaciones sesgadas, manipuladas y falsas de Pablo Fernández intentan dañar a la Guardia Civil, pero, en realidad, perjudican más a la propia sociedad. Su incapacidad política intenta debilitar el funcionamiento ejemplar de la Benemérita y erosiona la democracia al fomentar la división, crear narrativas extremas y minar la confianza en las instituciones.
Rebatir al portavoz de Podemos sería sencillo, tan solo poniendo en relieve el trabajo diario de la Guardia Civil. Pablo Fernández antes de criminalizar y poner en cuestión la neutralidad de la Institución y de sus componentes, debería alfabetizarse un poco, y no me refiero a aprender a leer y escribir, que eso se le supone, sino a adquirir la capacidad mínima de comprender la información que recibe y entender el trabajo de guardias civiles y jueces.
La Guardia Civil, con 181 años de historia desde su fundación en 1844, enfrenta una vez más ataques injustos desde la política, que buscan unicamente desprestigiar su labor. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha acusado de forma consciente, torticera y partidista a la Guardia Civil de liberar a los supuestos agresores. Este señalamiento, fruto de la ignorancia o la malicia, no es un hecho aislado, sino parte de un patrón cíclico de hostilidad política que, desde diversos sectores, cuestiona la imparcialidad, neutralidad y profesionalidad de una institución que ha servido a España de forma ininterrumpida y ejemplar durante 181 años.
No pretendo solo defender a la Guardia Civil, pues su trabajo eficaz y eficiente habla por sí mismo y por los hombres y mujeres que la integran, sino rechazar un ataque que si está basado en la desinformación, demuestra una total falta de conocimiento de la historia de la Guardia Civil y de España, y si responde a otras intenciones, evidencia el “analfabetismo” político de quienes pretenden medrar entre sus bases y acólitos.
Román Cuesta, periodista de Diario Red, fue agredido frente a su domicilio por tres individuos presuntamente vinculados a la ultraderecha. Tras la denuncia, la Guardia Civil actuó con diligencia: detuvo a los sospechosos, les tomó declaración, patrulló y vigiló la zona tras un segundo intento de intimidación —algo que Pablo Fernández omite mencionar— y trasladó el caso a la justicia. A pesar de esta actuación correcta, Fernández acusó a la Guardia Civil de liberar a los agresores por su vinculación política, cuestionando su conocida neutralidad política, y sobre todo, cuando esa decisión corresponde a los jueces, no a los guardias civiles. Esta acusación, amplificada por los medios como representante político, es falsa, malintencionada y refleja un desconocimiento del sistema penal, además de un intento de culpar a la institución por decisiones ajenas.
Este tipo de ataques no solo desinforma, sino que hiere a una institución que protege a la sociedad con profesionalidad y eficacia. Fundada el 28 de marzo de 1844 por el II Duque de Ahumada bajo un gobierno liberal, la Guardia Civil nació para defender la vida y la propiedad de los ciudadanos, independientemente de su ideología. Conocida como la Benemérita desde 1929, tras recibir la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia, cuenta con cerca de 75,000 agentes que cubren el 83% del territorio nacional. Sus patrullas, servicios, asistencias, auxilios y rescates diarios reflejan su compromiso y su eficacia.
La lucha contra el bandolerismo, el carlismo, el terrorismo de ETA y del GRAPO —que costó la vida a cientos de guardias civiles— no ha librado a la institución de ataques políticos cíclicos. Desde el siglo XIX, sectores de izquierda y derecha han intentado disolverla o desprestigiarla, acusándola de servir a gobiernos rivales o de ser un obstáculo para sus agendas y sus intereses políticos. En 1932, líderes socialistas como Largo Caballero e Indalecio Prieto pidieron su disolución, considerándola antisocialista.
Tras el golpe de 1936, Largo Caballero, cuya revolución de Asturias en 1934 fue frenada por la Guardia Civil —con un trágico balance de 111 guardias civiles fallecidos en tan solo cuatro días, además de familiares, mujeres y niños asesinados por los golpistas liderados por el propio Largo Caballero—, expresó su animadversión, afirmando que “mientras haya Guardia Civil no habrá socialismo revolucionario”. Sin embargo, en sus Escritos de la República, reconoció la lealtad de la Benemérita al presentarse formada ante el gobierno republicano en 1931, evidenciando su fidelidad al Estado, no a ideologías. Curiosamente, incluso Franco quiso disolverla por haberse mantenido fiel a la República tras el golpe de 1936. Es lo de siempre, querida y odiada según convenga a sus intereses.
Estos ataques persisten hoy en día. Políticos de todos los colores han acusado a la Guardia Civil de represión, parcialidad o falta de neutralidad, ignorando que actúa bajo órdenes judiciales y al servicio de la ley y la sociedad. Este odio, a menudo alimentado por traumas no resueltos, inseguridades políticas, envidias, baja autoestima o la falta de propuestas para solucionar problemas importantes, no solo ataca a la institución, sino a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas diariamente.
Difamar o despreciar a la Guardia Civil es un abuso que la sociedad no debería tolerar, especialmente cuando proviene de “haters profesionales” que temen que su verdad salga a la luz o ven en la Benemérita un obstáculo para saltarse la ley. La Guardia Civil es un cuerpo de carácter militar al servicio de la sociedad civil, un modelo gendármico común en Europa y en el mundo.
Como establece la Cartilla del Guardia Civil de 1845, cuyos valores siguen vigentes, “el guardia civil no debe ser temido sino de los malhechores, ni temible sino a los enemigos del orden”. Que cada cual saque sus conclusiones y decida si está al lado de la institución más valorada y querida por la sociedad española o en su contra. Este precepto, el artículo 6.º, vigente tras 181 años de servicio ininterrumpido, define su conducta: respetada por los ciudadanos, temida por quienes atentan contra la ley.
Sin embargo, los ataques políticos parecen responder a quienes, como los Largo Caballero del siglo XXI, ven en la Guardia Civil un freno a sus ambiciones de vulnerar el orden constitucional.
La Guardia Civil no es el enemigo, sino un baluarte de nuestra democracia. En el caso de Román Cuesta, su actuación fue impecable, protegiendo al periodista y trasladando la investigación a la justicia. Culparla por decisiones judiciales, como ha hecho el portavoz de Podemos, es un acto de irresponsabilidad política que demuestra su desconocimiento del funcionamiento de la justicia en nuestro país, algo grave para un representante político. Además, intenta desmoralizar a los agentes y polarizar a la sociedad.
Los políticos deberían tomar ejemplo y dejar de usar a la Guardia Civil como chivo expiatorio de sus propios fracasos y asumir la responsabilidad de sus cargos y sus palabras.
Como sociedad, merecemos representantes que actúen con rigor y respeto, no con odio o desinformación, y que, al igual que la Guardia Civil, comprendan y respeten el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Antonio Mancera Cárdenas
Guardia Civil retirado
