Madrid, epicentro de pasión deportiva, vivió un final bochornoso para La Vuelta Ciclista a España 2025.
Lo que debía ser una fiesta deportica y de celebración en la plaza de Cibeles se tornó en un caos orquestado por grupos radicales antisistema y proetarras, que se desplazaban en cada etapa para sabotear la carrera con chinchetas en la calzada, cortes de vías, insultos y agresiones directas a los ciclistas.
La etapa final fue cancelada a solo 56 km de la meta tras disturbios en el Paseo del Prado y Atocha, donde manifestantes lanzaron vallas, botellas y piedras contra la Policía Nacional, dejando 22 agentes heridos, dos detenidos, y una imagen internacional de España gravemente dañada.
La Policía Nacional había identificado previamente a nueve condenados por kale borroka en Callao y a varios yihadistas durante el tumulto, mientras la Guardia Civil localizó autobuses llegados desde el País Vasco a la Sierra de Madrid con el único propósito de boicotear la carrera. A pesar de estas alertas, el dispositivo de seguridad, fue claramente insuficiente.
Los sindicatos policiales denuncian que la Delegación del Gobierno dio órdenes expresas de no actuar con contundencia, limitando a las Unidades de Intervención Policial (UIP) el uso de material antidisturbios desde el inicio de los ataques, permitiendo que la violencia escalara por motivos políticos.
A lo largo de La Vuelta 2025, desde Figueres hasta Madrid, Policía Nacional y Guardia Civil fueron el pilar que permitió el desarrollo de la carrera frente a incidentes crecientes: banderas palestinas en las primeras etapas, bloqueos en Bilbao y Cercedilla, y amenazas públicas contra el equipo Israel-Premier Tech, cuya participación fue el detonante de protestas masivas anunciadas con antelación.
Los agentes, con profesionalidad, despejaron vías y protegieron a ciclistas, equipos y a miles de espectadores que solo querían disfrutar de un evento deportivo de primer nivel. Sin embargo, la respuesta política fue ambigua, con algunos responsables mostrando “admiración” por las movilizaciones e incluso dando un visto bueno implícito al boicot, y otros, otras y otres sumándose personalmente a los insultos y a los ataques a los policías (eso sí protegidos por escoltas, que seguramente serían policias -menudo papelón-), mientras se ignoraba el esfuerzo de los agentes de las fuerzas de seguridad.
El colofón fue la indignante comparecencia del Delegado del Gobierno en Madrid, quien calificó los disturbios como un “ejemplo de dignidad” y un “mensaje de solidaridad con el pueblo palestino”, olvidando a los 22 agentes heridos, las cargas policiales en Cibeles y Alcalá, y el pánico en las calles.
¿Dónde queda la empatía con los policías agredidos por esos “manifestantes pacíficos” que destruyeron vallas y mobiliario urbano?
Los sindicatos policiales acusan al delegado de ser el responsable directo de un operativo fallido, que por decisiones políticas ataron las manos de los agentes, comprometiendo la seguridad de deportistas, ciudadanos y policías.
Este desastre no fue un error técnico, sino una decisión deliberada que puso en riesgo a decenas de miles de personas.
La UIP, con sobrada experiencia en control de masas en grandes eventos, como partidos de fútbol, podría haber contenido a los violentos de no ser por las restricciones impuestas.
Los sindicatos exigen que los políticos condenen sin ambages la violencia y respalden a los agentes, abandonados a su suerte en una trinchera donde sabían que no podrían actuar con eficacia.
Guardia Civil y Policía Nacional demostraron, una vez más, su compromiso inquebrantable, actuando como escudo de La Vuelta frente a un entorno hostil.
Los verdaderos violentos son los radicales que, amparados en una causa, siembran el caos en un evento deportivo, y los responsables políticos que convierten la seguridad en moneda de cambio ideológico.
España merece eventos deportivos sin miedo, policías protegidos y líderes que defiendan el orden público, no que lo saboteen.
