La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se ha personado como acusación popular en el procedimiento judicial abierto tras la detención de dos personas en Irún (Guipúzcoa), investigadas por un presunto delito de terrorismo.
La asociación pretende contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la depuración de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la investigación.
La decisión llega después de que la Ertzaintza detuviera a un hombre y una mujer vinculados, según informaciones publicadas, a sectores disidentes de la izquierda abertzale. La investigación se inició el pasado 26 de septiembre, cuando ambos fueron identificados junto a una tercera persona durante un control policial en Eskoriatza.
Según la información facilitada por la Policía vasca, entre el material intervenido había documentación sensible sobre fuerzas y cuerpos de seguridad y referencias a la posible ubicación de un lugar en el que podría haber armas y explosivos. Los indicios llevaron a abrir una investigación en coordinación con la Audiencia Nacional.
La AVT sostiene que, quince años después del cese de la actividad terrorista de ETA, no se puede bajar la guardia ante ninguna amenaza. La asociación considera necesario esclarecer por completo lo sucedido y garantizar que, si se acreditan hechos delictivos, se depuren las responsabilidades correspondientes.
Prisión provisional para los dos investigados
Los dos detenidos, un hombre de 34 años y una mujer de 22, se presentaron el 17 de octubre en dependencias de la Ertzaintza en Irún acompañados de su abogado. Tras las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional.
El juez ha decretado para ambos prisión provisional, comunicada y sin fianza, atendiendo a los riesgos apreciados en el procedimiento. Entre los elementos incorporados a la investigación figuran información sobre agentes de las fuerzas de seguridad, referencias a antiguos escondites de ETA y dispositivos de comunicación cifrada, según las informaciones publicadas sobre la causa.
La investigación judicial deberá determinar el alcance de estos materiales, su finalidad y la posible responsabilidad penal de los investigados. La detención y las medidas cautelares no equivalen a una condena.
La AVT reclama coordinación y prevención
En su comunicado, la asociación también expresó su preocupación por las informaciones que apuntan a que los datos encontrados sobre miembros de las fuerzas de seguridad no se habrían compartido con la Policía Nacional y la Guardia Civil. La AVT considera que, de confirmarse esa circunstancia, sería necesario ofrecer explicaciones y revisar la coordinación entre los cuerpos policiales.
La prevención de cualquier amenaza terrorista exige cooperación entre las instituciones, los servicios policiales y las autoridades judiciales, especialmente cuando las pesquisas afectan a información sensible sobre agentes y a la posible existencia de armas o explosivos.
Con su personación en la causa, la AVT busca que los hechos sean investigados hasta el final y que se exijan las responsabilidades que legalmente correspondan.
Quince años después del fin de la actividad terrorista de ETA, la memoria de las víctimas y la protección de la sociedad siguen exigiendo vigilancia, rigor judicial y una respuesta institucional firme ante cualquier indicio de violencia terrorista. La investigación deberá esclarecer qué pretendían los detenidos y si los hechos son constitutivos de delito.
