Un dicho muy conocido dice que “Todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío”, por eso corresponde hacernos una pregunta sencilla ante una política que parece entender muy bien algunas urgencias y bastante menos otras
Una pregunta sencilla, de esas que pueden parecer incómodas precisamente porque resulta difícil encontrar una respuesta convincente: Y de lo mío, ¿qué?
No pretendo comparar sufrimientos, entiendo que la pérdida de una vivienda es un problema grave y merece una respuesta. Pero también lo es llegar a la jubilación después de una vida entera de servicio, hacerlo en ocasiones con enfermedades crónicas o lesiones derivadas de la actividad profesional y encontrarse cada mes con unos gastos farmacéuticos que forman parte de las necesidades habituales de esa nueva etapa de la vida.
Con los años uno aprende a observar, como también aprende que, en política, las cosas pueden avanzar a velocidades muy diferentes dependiendo de quién reclama, de la repercusión que alcanza su protesta y, sobre todo, de la capacidad que tenga esa reivindicación para convertirse en un problema político inmediato.
Lo estamos viendo estos días en Madrid.
No llegan a trescientas personas, quienes han ocupado y protagonizan la acampada en la Puerta del Sol para reclamar soluciones al problema de la vivienda.
La movilización nació después del caso de una mujer de avanzada edad que tuvo que abandonar la vivienda en la que había vivido durante décadas. La protesta creció, llegaron las cámaras, las redes sociales amplificaron el mensaje y los partidos políticos comenzaron a posicionarse para sacar rédito de la desgracia.
En cuestión de días, el Gobierno reaccionó con medidas relacionadas con los alquileres, los desahucios y la protección de determinados inquilinos. La acampada pasó a ocupar un espacio destacado en la discusión política nacional.
Y uno, que ya tiene unos cuantos años y que además ha llevado uniforme durante buena parte de su vida, no puede evitar volver a formular la misma pregunta:
¿Y de lo mío, qué?
Porque también hubo otros que salieron a la calle. También hubo otros que hicieron una reivindicación. También hubo otros que se sacrificaron para recoger cientos de miles de firmas en unas circunstancias que hoy parecen haber quedado demasiado lejos en la memoria.
Durante la pandemia, retirados y jubilados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional impulsaron una campaña para reclamar la eliminación del copago farmacéutico. Según los promotores de aquella iniciativa, se llegaron a reunir más de 300.000 firmas, en unas circunstancias muy especiales, estábamos en plena pandemia, con las restricciones de movilidad y reunión que todos conocemos, con enormes dificultades para organizar cualquier iniciativa ciudadana y la realizaban retirados y jubilados de Guardia Civil y Policía Nacional.
La reivindicación tenía, además, una explicación sencilla. Personas mayores, muchas de ellas con enfermedades crónicas y necesidades permanentes de medicación, seguían soportando una aportación farmacéutica vinculada al sistema de protección sanitaria al que pertenecían.
En el caso de ISFAS, MUFACE y MUGEJU existen particularidades propias del mutualismo administrativo que hacen que sus pensionistas y retirados tengan unas condiciones diferentes de aportación farmacéutica respecto del régimen general. EN su caso había una cuestión que merece ser planteada con claridad: ¿por qué una persona jubilada, con una enfermedad crónica y una necesidad permanente de medicación, debe seguir soportando una aportación farmacéutica por el simple hecho de pertenecer a un determinado sistema de protección sanitaria, sufriendo un agravio comparativo con jubilados del Régimen General de la Seguridad Social?
Esa pregunta lleva tiempo sobre la mesa y todavía espera una respuesta que satisfaga a quienes mantienen esta reivindicación.
Quizá faltó una acampada
Quizá aquellos miles de firmas tenían un problema: no estaban acompañadas de tiendas de campaña, no ocupaban la Puerta del Sol y no ofrecían imágenes capaces de convertir una reivindicación en un acontecimiento circense y televisivo. No había conexiones en directo desde una plaza ni una acampada que pudiera convertirse en símbolo.
Había jubilados, retirados, guardias civiles, policías nacionales y funcionarios pertenecientes a distintos sistemas de mutualismo administrativo. Había personas que habían pasado décadas trabajando y aportando y que, después de su vida profesional, reclamaban que su gasto sanitario dejara de representar una carga, como dejó de serlo para el resto de jubilados.
Algunos, además, arrastraban secuelas físicas tras haber desarrollado profesiones que terminan pasando factura.
Quizá deberían haber instalado una tienda de campaña delante del Congreso. Haber vandalizado edificios y monumentos. Aunque, pensándolo bien, muchos de ellos probablemente habrían tenido dificultades para dormir en el suelo. Las lesiones y los años de servicio no suelen llevarse demasiado bien con los sacos de dormir. Y evidentemente se trata de un colectivo que respeta las normas, incluso a la hora de reivindicaciones justas.
Puede parecer ironía, pero la pregunta que se plantea no lo es tanto.
Resulta difícil no preguntarse por qué una reivindicación puede adquirir una velocidad extraordinaria cuando consigue convertirse en un problema político inmediato, mientras otras permanecen durante años circulando de despacho en despacho, pasando por reuniones, escritos, iniciativas parlamentarias y reivindicaciones que nunca serán atendidas, simplemente porque quienes reclaman no hacen ruido.
Y ¿Qué hay de la profesión de riesgo?
La misma pregunta aparece cuando hablamos del reconocimiento de la Guardia Civil y de la Policía Nacional como profesiones de riesgo.
Esta reivindicación tampoco nació ayer. En junio de 2024, el Senado aprobó una proposición de ley para reconocer esa condición a ambos cuerpos. Desde su llegada al Congreso, la iniciativa ha permanecido en la fase de enmiendas, acumulando sucesivas ampliaciones del plazo. A mediados de 2026 se contabilizaban ya decenas de prórrogas.
No estamos hablando, por tanto, de una petición improvisada ni de una reivindicación surgida a raíz de un acontecimiento concreto. Lleva años sobre la mesa.
Mientras tanto, guardias civiles y policías nacionales continúan desempeñando servicios que nadie puede considerar de bajo riesgo. Patrullan, intervienen ante situaciones violentas, luchan contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, participan en rescates, controlan fronteras y afrontan diariamente circunstancias en las que el riesgo no es una posibilidad teórica recogida en un informe administrativo, sino una posibilidad real.
En ocasiones, mortal.
Reconocer ese riesgo después de que un agente muera en acto de servicio, no debería convertirse en el procedimiento habitual. Cuando llega ese momento, cualquier reconocimiento llega demasiado tarde para quien ya no puede recibirlo.
Y ¿Qué hay de la jubilación de guardias civiles y policías nacionales?
Es una negociación importante y debe ser analizada con prudencia porque todavía no existe un acuerdo definitivo.
Ahora existe también una negociación entre el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre la mejora de las pensiones y del sistema de jubilación. La propuesta actualmente planteada contempla revisar el haber regulador de los agentes del grupo C1 hasta situarlo alrededor de los 39.000 euros anuales en 2027 y estudia fórmulas de jubilación anticipada para quienes están en el Régimen General. La próxima reunión está prevista para noviembre.
Pero incluso ante esa negociación vuelve a aparecer la misma cuestión: ¿por qué hemos tenido que esperar tanto?
¿Por qué determinadas reivindicaciones necesitan años de campañas, concentraciones, reuniones, escritos, iniciativas parlamentarias y asociaciones profesionales para conseguir que finalmente entren en la agenda política?
¿Será que los jubilados tienen poca capacidad de presión? ¿Será que los retirados no salen suficientemente en televisión? ¿Será que cientos de miles de firmas tienen menos capacidad de influencia que unas cuantas tiendas de campaña instaladas en una plaza? ¿Será que las reivindicaciones de guardias civiles y policías nacionales son menos justas o menos importantes?
No tengo una respuesta definitiva. Y precisamente por eso pregunto. ¿Qué hay de lo mío?, ¿Qué hay de lo nuestro?
Conviene dejar algo claro antes de que alguien intente interpretar estas palabras como una crítica a quienes reclaman una vivienda digna o necesitan protección ante una situación de vulnerabilidad.
La vivienda es un problema real. El acceso a una vivienda digna constituye una preocupación legítima y las personas que se encuentran en riesgo de perder su hogar merecen una respuesta de las instituciones.
Pero la solidaridad no debería funcionar como una competición en la que unos colectivos tienen que esperar mientras otros consiguen respuestas inmediatas.
No necesitamos decidir quién merece más ayuda. Necesitamos preguntarnos por qué algunas necesidades reciben una respuesta política rápida mientras otras permanecen durante años en la sala de espera.
Un jubilado con una enfermedad crónica también puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Un guardia civil retirado también puede tener dificultades económicas. Y una persona que ha sufrido lesiones durante su vida profesional no deja de tener esas lesiones porque haya llegado el momento de abandonar el servicio activo.
Haber llevado un uniforme durante décadas tampoco debería convertirse en una razón para que determinadas reivindicaciones tengan que esperar indefinidamente.
Y vuelvo a la pregunta inicial ¿Y de lo mío, qué?
No lo pregunto desde el enfrentamiento. Tampoco pretendo establecer una comparación entre colectivos o reivindicaciones.
Lo pregunto desde la memoria y desde la experiencia de quien ha vestido el uniforme. Lo pregunto desde la condición de guardia civil retirado y desde la perspectiva de quien sabe que detrás de cada aportación farmacéutica existe una persona que tiene que asumirla, que detrás de cada expediente de jubilación existe toda una vida profesional y que detrás de cada reivindicación para reconocer una profesión de riesgo existen compañeros que cada día salen de servicio sin saber exactamente a qué tendrán que enfrentarse.
Lo pregunto porque los jubilados no dejan de formar parte de la sociedad cuando abandonan el servicio activo. Continúan teniendo necesidades, continúan teniendo derechos y continúan mereciendo la atención de las instituciones a las que sirvieron durante décadas.
Y también lo pregunto cómo guardia civil que ha vivido situaciones de riesgo.
Quizá la política debería aprender una lección tan sencilla como incómoda: la urgencia social no debería medirse únicamente por el número de tiendas de campaña instaladas en una plaza, por la presencia de cámaras de televisión o por la capacidad de una protesta para convertirse en tendencia.
También debería medirse por los años que una persona lleva esperando una solución.
Y quizá, cuando vuelva a plantearse en una tribuna parlamentaria qué necesita un colectivo concreto, alguien debería acordarse también de los guardias civiles, policías nacionales y funcionarios retirados que llevan años reclamando respuestas. Y debería acordarse de los guardias civiles y policías nacionales en activo que cada día afrontan situaciones de auténtico peligro, que necesitan que su profesión sea reconocida como de riesgo.
Porque ellos siguen ahí, esperando después de haber aportado y otros siguen saliendo a la calle cada día afrontando situaciones reales de peligro.
Todos, unos y otros probablemente continuarán preguntándose, con esa mezcla de paciencia y cierta ironía que solo proporciona haber vivido ciertas situaciones:
¿Y de lo mío, qué?
Antonio Mancera Cárdenas
Guardia Civil retirado por accidente en acto de servicio
