Los hechos: Dos guardias civiles heridos mientras cumplían con su obligación. Uno de ellos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente después de recibir varios impactos de bala. El segundo agente también resultó herido. Tres personas han sido detenidas por su relación con los hechos y una investigación que continúa abierta.
Detrás de los datos existe una realidad que no deberíamos pasar por alto: dos miembros de la Guardia Civil estaban realizando un seguimiento a un grupo de delincuentes especializados en robos en autopistas cuando fueron atacados con armas de fuego en plena vía pública, a pesar de que los agentes se identificaron como miembros de la Guardia Civil antes de que se produjera el ataque.
No estamos, por tanto, ante un simple enfrentamiento, estamos ante una agresión contra dos servidores públicos que estaban ejerciendo una función esencial para la seguridad de todos.
Uno de ellos terminó en el suelo después de recibir varios disparos. Las imágenes conocidas posteriormente muestran además cómo, una vez herido, fue objeto de nuevas agresiones físicas, evidenciando algo que no necesita demasiadas interpretaciones: dos guardias civiles fueron atacados mientras trataban de detener a personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas y uno de ellos atacado salvajemente mientras se encontraba herido, en el suelo y sin posibilidad de defensa.
Y eso debería preocuparnos a todos.
La autoridad no pertenece al agente que lleva el uniforme. Pertenece al Estado y, por extensión, a la sociedad en su conjunto, a todos los ciudadanos que depositamos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la responsabilidad de proteger nuestra convivencia.
Cuando un guardia civil ordena detenerse a una persona durante una intervención, esa orden no responde a una decisión personal del agente, forma parte de las facultades que el ordenamiento jurídico le atribuye para proteger a los ciudadanos y perseguir el delito.
Por eso resulta especialmente grave que alguien pueda reaccionar disparando contra un agente que previamente se ha identificado como miembro de la Guardia Civil.
Aunque la cuestión de fondo va mucho más allá de este caso concreto. Durante los últimos años hemos asistido a una preocupante erosión del Principio de Autoridad. Se ha extendido en determinados ámbitos una percepción según la cual enfrentarse a un agente, desafiar sus órdenes o incluso agredirle puede acabar convirtiéndose en una circunstancia asumible dentro del riesgo cotidiano de la delincuencia.
No deberíamos aceptar esa normalización.
Una sociedad democrática tiene que garantizar los derechos de todos, la de quienes son investigados o detenidos, pero también la de los agentes que nos protegen, precisamente por eso existe el Estado de Derecho, garantizar los derechos de una persona que presuntamente ha cometido un delito no puede significar debilitar o criminalizar la autoridad de quien tiene la obligación legal de intervenir.
Cuando el delincuente deja de reconocer la autoridad del Estado, el problema deja de afectar únicamente al agente que tiene delante. Afecta al conjunto de la sociedad
El ataque de Tarrasa vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que tanto guardias civiles como policías nacionales llevan mucho tiempo reclamando y que resulta difícilmente discutible cuando se observan episodios como este: la condición de agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad implica un riesgo profesional real.
Ser guardia civil o policía nacional no consiste únicamente en portar un uniforme, conducir un vehículo oficial o cumplir un horario de servicio. En demasiadas ocsiones significa enfrentarse a situaciones imprevisibles en las que unos segundos pueden determinar la diferencia entre regresar a casa, terminar en un hospital o fallecer en acto de servicio.
Los dos agentes de Tarrasa estaban realizando una investigación policial que terminó con disparos, heridas y dos agentes heridos graves. Ese es precisamente el significado de una profesión de riesgo.
Por eso, cuando se habla de reconocer jurídicamente esa condición, no debería hacerse pensando únicamente en compensaciones económicas o administrativas. También debe traducirse en medios adecuados, protección jurídica, formación, equipamiento y respaldo institucional. Quien tiene la obligación de enfrentarse a delincuentes armados debe saber que detrás de él existe una Administración dispuesta a proporcionarle las herramientas necesarias y a respaldarle cuando actúa dentro de la legalidad.
No parece razonable exigir a los agentes que asuman cada vez mayores riesgos mientras desde determinados ámbitos se cuestiona y se criminaliza sistemáticamente la legitimidad de sus actuaciones.
Los hechos de Tarrasa permiten además abordar igualmente otra cuestión que, a mi juicio, debe decirse con claridad. La Guardia Civil sigue siendo necesaria en Cataluña.
Lo es porque Cataluña forma parte de España, pero, sobre todo, porque los ciudadanos catalanes tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otro ciudadano español a contar con todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad.
La delincuencia organizada no entiende de debates políticos, fronteras administrativas ni discursos identitarios. Las organizaciones criminales utilizan carreteras, autopistas, puertos, redes logísticas y territorios distintos para desarrollar sus actividades.
La Guardia Civil continúa desempeñando en Cataluña funciones esenciales y operaciones contra organizaciones criminales, narcotráfico, contrabando, delincuencia económica, tráfico y otras modalidades delictivas. Su presencia no es una concesión ni una anomalía. Forma parte de la estructura de seguridad del Estado. por eso lo ocurrido en Tarrasa es una muestra más de que los guardias civiles y policias nacionales que trabajan allí también están expuestos a los mismos riesgos que sus compañeros destinados en cualquier otra parte de España. No podemos reclamar seguridad y, al mismo tiempo, cuestionar la presencia de quienes tienen la responsabilidad de proporcionarla.
Quizá uno de los mayores problemas de nuestra sociedad sea que determinadas noticias empiezan a dejar de sorprendernos.
Un agente insultado parece formar parte de la rutina. Una agresión durante una intervención ocupa unas horas en los medios. Un vehículo policial atacado se convierte en una noticia más. Y cuando un delincuente utiliza un arma contra un agente, la preocupación dura hasta que aparece el siguiente acontecimiento. Ese proceso de normalización es peligroso.
Una sociedad no puede acostumbrarse a que quienes tienen encomendada la protección de los ciudadanos sean tratados como un obstáculo que debe ser apartado para poder delinquir.
El principio de autoridad no significa que la Policía o la Guardia Civil estén por encima de la ley. Significa exactamente lo contrario: que existen dentro de la ley y que la sociedad les otorga la capacidad necesaria para hacerla cumplir.
Si esa autoridad se debilita hasta el punto de que un delincuente considera posible disparar contra un agente después de que este se haya identificado, el problema ya no es exclusivamente policial. Es social.
Porque después de la pérdida de autoridad llega la pérdida de confianza. Y cuando los ciudadanos perciben que quienes deben protegerles tienen dificultades para ejercer su función, aparece una sensación de inseguridad que termina afectando a la convivencia.
El Estado de Derecho no puede limitarse a reconocer derechos sobre el papel. También necesita que existan instituciones capaces de garantizar su cumplimiento.
Nuestro reconocimiento a los dos agentes y a sus compañeros
Desde Tribuna Benemérita queremos trasladar nuestro apoyo a los dos guardias civiles heridos en Tarrasa al agente que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente después de recibir varios impactos de bala y ser posteriormente agredido cuando se encontraba indefenso como a su compañero igualmente herido. Esperamos que ambos evolucionen favorablemente y puedan recuperarse plenamente junto a sus familias y compañeros.
Nuestro reconocimiento se extiende también a todos los miembros de la Guardia Civil que desarrollan su trabajo en Cataluña y en el resto de España. Muchos de ellos afrontan diariamente situaciones que la mayoría de los ciudadanos nunca veremos y que, precisamente por eso, pueden resultar difíciles de valorar en su verdadera dimensión.
La Guardia Civil sigue estando donde se la necesita. Está en las carreteras, en los pueblos, en las zonas rurales, en las fronteras, en los puertos, en las investigaciones contra el crimen organizado y en tantas otras situaciones en las que su intervención resulta imprescindible.
También está allí cuando la situación se complica, el riesgo deja de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.
Tarrasa nos recuerda que detrás de cada uniforme hay un profesional que puede resultar herido mientras cumple con su deber, y nos recuerda también que la seguridad de una sociedad no puede darse por garantizada sin profesionales dispuestos a defenderla, pero al mismo tiempo necesita que esos profesionales cuenten con el respeto, los medios y el respaldo de las autoridades y de la sociedad que su responsabilidad les exigen.
No se trata de situar a los agentes por encima de los ciudadanos. Se trata de reconocer que, cuando un agente actúa legalmente para protegerlos, atacar a ese agente supone atacar también la autoridad que permite que la ley pueda protegernos a todos y es un ataque a toda la sociedad.
Lo ocurrido en Tarrasa debería servir para algo más que para conocer el número de detenidos o el estado de salud de los dos agentes. Debería servir para recordar que la autoridad no puede convertirse en un concepto relativo y que la violencia contra quienes representan al Estado no puede terminar formando parte de la normalidad.
Porque cuando la autoridad pierde la capacidad de hacerse respetar, quienes terminan perdiendo seguridad y libertad no son los agentes. Somos todos.
Antonio Mancera Cárdenas
Director de Tribuna Benemérita
