Copia del oficio remitiendo el contralmirante Escrigas, el 17-XII-1943, el informe del capitán de navío Cervera sobre el traslado de las minas submarinas fuera de Cádiz. / T. B.
En 1943 la Armada planeó llevarse de Cádiz el almacén de minas al Portal para luego trasladarlo al Cerro de San Cristóbal, en El Puerto, a raíz de un informe del entonces capitán de navío Pascual Cervera
Al comienzo de la noche del 18 de agosto de 1947, la capital gaditana sufrió uno de los peores sucesos de su historia. Dos días después el titular de la portada, a toda plana, de Diario de Cádiz, era “Cádiz sufre la mayor catástrofe de los últimos años de su historia”, seguido en la línea siguiente de, “La explosión de un depósito de minas origina pérdidas humanas y materiales de consideración”.
Han transcurrido casi ochenta años de aquella terrible tragedia que causó más de centenar y medio de muertos, así como unos cinco millares de heridos de diversa consideración. Pero el relato de lo sucedido y la investigación, ya por historiadores, no ha finalizado.
Aquella catástrofe, sin perjuicio de las diferentes causas que la motivaron, pues existen diversas teorías sobre ello, constituyó desde años antes una constante preocupación de los responsables de la Armada. De ellos, dado el tiempo transcurrido no queda hoy día ninguno con vida. Afortunadamente quedaron sus informes.
El incendio que casi tres décadas después, el 2 de agosto de 1976, padeció el archivo naval sito en el edificio que había sido la antigua Escuela Naval Militar de San Fernando (1913-1943), motivó que, entre la numerosa documentación destruida por el fuego, se encontrase buena parte de la causa judicial militar y demás expedientes conexos instruidos con motivo de la trágica Explosión acaecida en 1947.
Lamentablemente desapareció y se perdió mucha documentación, pero también es cierto que se salvaron muchos informes, originales y copias, relacionados con dicha tragedia que se encontraban depositados en otros sitios. Hoy día, casi ocho décadas después de la catástrofe, se tiene acceso a parte de ello gracias a familiares de los protagonistas o de las víctimas, que en su día los conservaron.
Uno de esos informes, expedido cuatro años antes de la Explosión, lo cual acredita la constante preocupación que siempre tuvieron los diferentes mandos de la Armada, con responsabilidad en nuestra provincia, es el remitido el 17 de diciembre de 1943, todavía en plena Segunda Guerra Mundial, por el contralmirante Fausto Escrigas Cruz, como comandante general del Arsenal de La Carraca, al vicealmirante Ramón Agacino Armas, comandante general del Departamento Marítimo de Cádiz.
Pascual Cervera Cervera siendo ya vicealmirante en 1956. / T. B.
Concretamente se trataba del anteproyecto sobre la instalación provisional de minas y explosivos, que se encontraban almacenados en la Fábrica de Torpedos de Cádiz, para trasladarlos a la finca denominada “Rancho de la Bola”. Ésta se encontraba situada cerca de la “Azucarera del Portal”, camino de El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera, con utilización posterior del Cerro de San Cristóbal para instalaciones definitivas en túneles.
Dicho anteproyecto, en unión de tres anexos, le había sido remitido a su vez, por el entonces capitán de navío Pascual Cervera Cervera, jefe del “Ramo de Armamentos del Arsenal de la Carraca”, que dos décadas después, siendo ya almirante, precisamente sería capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz.
El 9 de julio de 1943 se había iniciado, relativo al planeamiento del traslado de las minas submarinas que había depositadas en Cádiz, pues se era consciente del potencial peligro que ello conllevaba, un expediente “muy reservado” en el Ministerio de Marina, cuyo titular era entonces el vicealmirante Salvador Moreno Fernández.
Por decreto de 10 de agosto siguiente, del Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz, fue nombrado “Presidente de la Comisión sobre estudio para Almacenamiento de Polvorines”. Casi dos meses más tarde, 2 de octubre, mediante radio núm. 17.062, del Estado Mayor de la Armada, se ordenaba la remisión del informe solicitado sobre el asunto, razón por la cual, dos días más tarde, el capitán de navío Cervera elevó por conducto reglamentario, una memoria provisional”.
La memoria definitiva, de doce páginas, sería firmada el 17 de diciembre siguiente, e iba acompañada de un voluminoso anexo formado por tres carpetas. La primera contenía el expediente sobre adquisición y expropiación de terrenos. La segunda era el anteproyecto, con veinte planos y presupuestos, redactados por la “Sección de Obras Civiles del Consejo Ordenador de las C.N.M”, que habían seguido las indicaciones de la comisión de trabajo dirigida por el capitán de navío Cervera, “comprendiendo desviaciones de ferrocarril, carretera, caminos de servicio”, así como “módulo” regulador a utilizar en las construcciones y edificaciones provisionales. Y la tercera, era el expediente sobre información solicitada a las obras portuarias del Puerto de Santa María sobre posibilidades del río Guadalete y de su utilización como vía marítima de comunicación desde la Fábrica de Torpedos de Cádiz hasta las obras que se proponían realizar.
Al inicio de su informe dirigido primeramente al contralmirante Escrigas, el capitán de navío Cervera, hizo constar que, “como consecuencia de indicaciones verbales recibidas, sobre la necesidad de dar prioridad a las instalaciones que hicieran factible el traslado de los explosivos y minas actualmente almacenadas en la Fábrica de Torpedos de Cádiz, con el fin de que, con toda urgencia, se pudiera quitar el peligro de tanto explosivo situado dentro del casco de la Ciudad, esta Comisión suspendió eventualmente sus trabajos en lo de Polvorines propiamente dichos, para dedicar de lleno su actividad al proyecto del asunto que tenemos el honor de elevar a V.E.”.
Interés especial merece la exposición de conjunto que se hacía constar en el minucioso informe. El estudio del Cerro de San Cristóbal y demás terrenos que se indicaban, se llegaba a la conclusión de que, si por su naturaleza geológica no eran todo lo buenos que sería de desear, tampoco eran rechazables, pues, la carencia absoluta de emplazamientos adecuados en la zona, obligaba a su aceptación, sin perjuicio de un futuro estudio más profundo y con mejores medios que los que hasta entonces se habían dispuesto.
Igualmente, se llegaba a la conclusión de que todas las nuevas instalaciones a montar, tanto definitivas como provisionales, cabían dentro de la finca “Rancho de la Bola”, cuyas lindes se habían estudiado tanto desde el punto de vista militar como técnico, “a fin de que ninguna instalación se encontrase dominada por cerros de mayor altura y conseguir la independencia del recinto”.
Sin embargo, se reconocía la existencia en dicha finca de una antigua cañada que dividía aquella por la mitad, constituyendo un serio inconveniente por ser de servidumbre pública. Pero como la utilización de dicha cañada era para un puente que cruzaba el río Guadalete y que ya no existía, no teniendo otra razón que la de dar paso a “las escasas cabezas de ganado que van a beber al río”, se proponía que por el Ministerio de Agricultura se cediera al de Marina. También se proponía incluir una “faja estrictamente necesaria para la desviación del ferrocarril que pertenece a otro dueño”.
Por otra parte, la cuestión de energía eléctrica estaba resuelto por pasar “la línea de alta tensión del Guadiaro por mitad de la finca”. Respecto al agua no constituía problema por ser muy abundante en aquellos parajes.
Otro aspecto positivo era la proximidad del apeadero ferroviario del Portal, “donde paran todos los trenes incluso los rápidos”, considerándose un “emplazamiento en condiciones envidiables en cuanto a comunicaciones para el personal destinado o al obrero que venga a trabajar allí”. Se valoraba positivamente la proximidad de la ciudad de Jerez de la Frontera, a siete kilómetros, así como la inmediatez de la carretera Madrid-Cádiz.
También se valoraba muy favorablemente aquel lugar, para el transporte de minas y material de guerra, dada la proximidad del ferrocarril, “como vía de comunicación principal”. El mentado río Guadalete era también de máximo interés, “mediante el correspondiente encauzamiento y canalización, para barcazas y remolcadores, especialmente construidos, de metro y medio de calado”.
El contralmirante Fausto Escrigas Cruz con sus hijos Guillermo y Fausto Escrigas Estrada. / T. B.
Tal y como se hacía constar en dicho informe, se enlazaba “perfectamente”, el material que se almacenase en la Sierra de San Cristóbal con el recinto portuario de Cádiz, Arsenal de la Carraca, Puerto Real y Factoría de Matagorda. Todas esas instalaciones poseían muelles de atraque, y cuando se finalizasen las obras portuarias de El Puerto de Santa María que entonces estaban en marcha, y se hiciera la desviación del ferrocarril para su servicio, las condiciones serían mucho más ventajosas. Igualmente se citaba la posibilidad de que el río Guadalete proporcionaba la posibilidad de un “abastecimiento directo de cualquier buque fondeado en la bahía”.
En dicho informe se hacía también referencia, “aunque esta Comisión no ha recibido instrucciones sobre el particular”, sobre el potencial empleo de los muelles de El Puerto de Santa María, calificándolo como un complemento indiscutible y natural a lo que se proponía. De hecho, se proponía la posibilidad de estudiar la instalación allí, “lo correspondiente a obstrucción, tren naval, cuarteles y servicios generales”, lo cual podría configurar la nueva “Base de Defensas Submarinas de Cádiz”.
Merece citar también en dicho informe la referencia que hacía el capitán de navío Cervera, “por ser trabajo también encomendado”, que estaba muy adelantada la cesión de terrenos que pudieran ser necesarios, en El Puerto de Santa María, “a base de la permuta con la propiedad de la Marina de la antigua Basílica de San Juan de Letrán”, tratándose ésta de una antigua ermita del siglo XVI que junto a un hospital de la Armada que se construyó posteriormente, se encontraba derruida desde mediados del siglo XIX.
Finalmente, se hacía constar que las instalaciones provisionales que se habían estudiado para el almacenamiento de 2.000 minas, teniendo en cuenta que las cargas explosivas que contenían, no se podían separar de dichos artefactos, “ni conviene su almacenamiento en otro lugar distante”; así como de 1.000 cargas de profundidad, polvorines para la trilita en escama, cargas iniciadoras, etc., y, “si antes de que estén hechos los túneles se necesitase mayor capacidad de almacenamiento, existe espacio suficiente y no hay el menor inconveniente en ampliar lo que fuera necesario”.
Igualmente se significaba que los edificios complementarios y dedicados a alojamientos, oficinas, talleres, etc., habían sido proyectados de acuerdo con las necesidades que fueron expuestas por el jefe de la Base de Defensas Submarinas, capitán de navío José García de Lomas Barrachina, que había tomado el mando de la misma a principios del mes de julio de ese mismo año 1943.
Así terminaba la primera parte de tan extenso y documentado informe suscrito como “Presidente de la Comisión”, en el Arsenal de la Carraca, de San Fernando, por el capitán de navío Cervera. Lamentablemente, el 18 de agosto de 1947, este proyecto todavía no se había materializado por diversas causas, y al anochecer acaeció, sin que nunca se haya podido acreditar si se produjo, bien accidentalmente por las altas temperaturas soportadas y el mal estado de algunas minas submarinas que explosionaron contagiando a otras muchas; o bien se trató de un atentado terrorista perpetrado por enemigos del régimen franquista que no previeron que no sería sólo la Marina sino toda la ciudad, con un elevadísimo número de víctimas civiles la que padecería y sufriría tan terrible catástrofe.
Jesús N. Núñez Calvo | Coronel de la Guardia Civil (R) y Doctor en Historia
