El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha dictado un auto que ha generado controversia en España: la libertad provisional de dos de los cuatro acusados por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil, Miguel Ángel González y David Pérez, arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate.
La decisión, tomada tras el pago de fianzas de 10.000 y 15.000 euros por parte de los acusados, Mohamed Laachiri y Yassine El Morabet, y conocida el pasado viernes 11 de julio, tras el pago de la fianza de los acusados el miércoles 9 de julio, ha reavivado el debate sobre la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y la percepción de impunidad en la región.
Los hechos: una tragedia que conmocionó a España
El 9 de febrero de 2024, una narcolancha embistió violentamente una zodiac del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, causando la muerte de los agentes Miguel Ángel González, de 39 años, natural de San Fernando (Cádiz), y David Pérez Carracedo, de 43 años, originario de Barcelona y residente en Navarra, miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR). Otros cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. El suceso, captado por cámaras y testigos, evidenció la audacia de las redes de narcotráfico en la zona, donde las narcolanchas operan con frecuencia para introducir droga en Europa.
Tras una intensa investigación, la Guardia Civil identificó y detuvo a cuatro sospechosos. El primero en caer fue Karim El Baqqali, presunto piloto de la narcolancha, arrestado el 19 de septiembre de 2024. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2024, fueron detenidos otros dos tripulantes, Mohamed Laachiri y Yassine El Morabet, ambos de nacionalidad marroquí. El cuarto acusado, Abdennour El Hichou, fue capturado en mayo de 2025 tras permanecer oculto en Marruecos.
La decisión judicial: libertad bajo fianza
El pasado 4 de julio de 2025, el juez instructor, Ángel Rojas, dictó un auto que permitía la libertad provisional de Laachiri y El Morabet tras el pago de fianzas de 10.000 y 15.000 euros, respectivamente. Ambas cantidades fueron abonadas el 9 de julio, y los acusados salieron del Centro Penitenciario de Puerto II (Cádiz) con medidas cautelares: prohibición de salir de España, retirada de pasaportes y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. Sin embargo, la solicitud de libertad del tercer tripulante, detenido en mayo de 2025, fue desestimada, al igual que la de El Baqqali, quien permanece en prisión.
La Fiscalía no se opuso a la excarcelación, argumentando que los siete meses en prisión preventiva reducían el riesgo de fuga. No obstante, las asociaciones profesionales de de Guardia Civil, personadas como acusación en la causa, han mostrado un rechazo contundente. Estas asociaciones han calificado los delitos investigados —dos asesinatos consumados y cuatro en grado de tentativa— como de extrema gravedad, por lo que han considerado las fianzas “insuficientes”, solicitando que se elevaran a 30.000 euros por acusado. También alertaron sobre el riesgo de fuga, especialmente en el caso de uno de los acusados con domicilio en Ceuta, y la necesidad de esperar un informe pericial de navegación que podría esclarecer si la embestida fue intencionada o accidental.
Un informeclave en el horizonte
El proceso judicial está en un momento crucial. El juez espera un informe pericial que determinará si la narcolancha actuó con intencionalidad, como sostienen los informes de la Guardia Civil, o si el choque fue un accidente, como aseguran los acusados. Este dictamen será decisivo para calificar los hechos como asesinato —con penas de hasta 25 años por cada fallecimiento o incluso prisión permanente revisable si se confirma la integración en una organización criminal— o como homicidio, con penas de entre 10 y 15 años, o incluso menos si se considera imprudencia grave.
Reacciones: un “mensaje de impunidad”
La liberación de los dos acusados ha generado indignación entre las asociaciones profesionales de guardias civiles y los familiares de las víctimas. Desde alguna de estas asociaciones han expresado un “profundo dolor” y advertido que la decisión “puede enviar un mensaje de impunidad profundamente peligroso” en una zona como el Campo de Gibraltar, donde el narcotráfico ha arraigado con fuerza. También han llegado a criticar decisiones políticas como el desmantelamiento del OCON-Sur, un organismo clave en la lucha contra el narcotráfico, cuya desaparición en 2023 habría debilitado la respuesta de las fuerzas de seguridad, subrayando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga, considerando “apresurada” cualquier medida que pueda afectar el procedimiento antes de que se complete el informe pericial.
En redes sociales, usuarios y colectivos como han calificado la liberación como una muestra de la “legislación laxa” en España, pidiendo incluso la implementación de la cadena perpetua para casos de esta magnitud.
El contexto: la lucha contra el narcotráfico
El caso de Barbate no es un incidente aislado. El Campo de Gibraltar es uno de los principales puntos de entrada de droga en Europa, y las narcolanchas operan con una impunidad que ha llevado a reiteradas denuncias por parte de los cuerpos de seguridad sobre la falta de recursos. La tragedia de febrero de 2024 desató protestas, minutos de silencio y demandas de medidas estructurales para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Las asociaciones profesionales insisten en que sin un enfoque integral y mayores recursos, tragedias como esta podrían repetirse.
Un caso que no termina
Mientras la investigación sigue su curso, la sociedad española, especialmente en el Campo de Gibraltar, permanece atenta a las próximas decisiones judiciales. La liberación provisional de Laachiri y El Morabet sin duda ha reabierto heridas que aún no estaban cerradas
