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Roquetas de Mar (Almería) se ha convertido en el epicentro de una nueva controversia que afecta directamente a la presencia de la Guardia Civil en uno de los municipios más poblados y dinámicos de la provincia.

La llegada de la Policía Nacional y la consiguiente reubicación de más de 180 agentes del Instituto Armado fuera del término municipal han provocado el malestar de las asociaciones profesionales, que ven en esta decisión un claro perjuicio tanto para los guardias civiles y sus familias como para la seguridad de los ciudadanos.

Desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) se han trasladado duras críticas no solo hacia la decisión del Gobierno, sino también hacia el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, con el que representantes de la asociación han mantenido reuniones para tratar de este tema y hacia la corporación local que preside, reuniones que han mantenido igualmente con Juan José Matarín, diputado nacional, así como con Manuel de la Fuente, anterior subdelegado de Almería y con Ana Vázquez, portavoz de interior en el Congreso, junto a otras asociaciones profesionales de la Guardia Civil.WhatsApp Image 2026 07 09 at 18.12.39

Según han comunicado, el Consistorio ha “apostado por la Policía” frente a la Benemérita y han lamentado que “Seguramente en otros municipios sabrán reconocer la labor que hacemos a diario”, reflejando el profundo malestar existente.

La reestructuración, comunicada por mandos de la Guardia Civil en Andalucía, implica el cierre efectivo del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce y la dispersión de los efectivos hacia otras localidades como Adra, Laujar de Andarax, Fiñana o el futuro acuartelamiento de Vícar.

Una unidad que, según las asociaciones, gestiona anualmente más de 12.000 diligencias y más de 1.000 detenidos, una de las de mayor carga de trabajo del país.

Defensa de la continuidad y llamada a la concentración

APROGC, junto al resto de asociaciones profesionales de la Guardia Civil, se ha sumado a la concentración prevista para el 13 de julio a las puertas del cuartel de Roquetas de Mar situado en la calle Duque de Ahumada.

Invitan a la ciudadanía de Roquetas y del Poniente almeriense a sumarse “para defender la continuidad” de unos agentes que llevan décadas velando por la seguridad del municipio.

“Esta medida no solo perjudica a nuestros compañeros, sino a sus familias, que les toca hacer las maletas y cambiar de domicilio”, subrayan desde APROGC, recordando que llevan años reuniéndose con el alcalde y los grupos políticos sin que se haya evitado este desenlace.

Otras asociaciones profesionales advierten que la sustitución podría traducirse en menos patrullas de Seguridad Ciudadana y reclaman la solución más lógica: la coexistencia de ambos cuerpos con una demarcación compartida, dejando zonas como Aguadulce y El Parador bajo competencia de la Guardia Civil.

Reconocimiento institucional y realidad en el terreno

Pese a las críticas, el alcalde Gabriel Amat ha mostrado en los últimos días apoyo público a la permanencia de la Guardia Civil, asistiendo o respaldando actos en defensa de su continuidad y reclamando al Gobierno “voluntad política” para compatibilizar ambos cuerpos.

Sin embargo, desde APROGC consideran que la apuesta municipal por las instalaciones y el despliegue de la Policía Nacional ha sido determinante.

Tribuna Benemérita ha venido informando de forma recurrente sobre las dificultades de la Guardia Civil en municipios de gran crecimiento demográfico y turístico, donde su presencia cercana al ciudadano resulta insustituible por su conocimiento del territorio, cercanía y versatilidad.

La Benemérita no es un cuerpo más: es parte de la historia y la seguridad de Roquetas de Mar. Desplazarla genera incertidumbre operativa, familiar y ciudadana.

Las asociaciones profesionales exigen transparencia, plazos claros y soluciones que respeten a los agentes y, sobre todo, garanticen una seguridad real y efectiva para los vecinos.

La concentración del 13 de julio será un termómetro del apoyo social a la Guardia Civil en Roquetas.

La voz de los que garantizan la seguridad y la de los ciudadanos que reconocen su labor deben ser escuchadas por igual.