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Las principales asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil abandonan en bloque el Pleno del Consejo de la Guardia Civil y anuncian que no volverán a sentarse en ninguna mesa hasta que el Ejecutivo abra un diálogo directo y les reconozca como “profesión de riesgo”, igual que a la Policía Nacional.

19 de marzo de 2026 – En un gesto sin precedentes de unidad, las siete asociaciones profesionales más representativas de la Guardia Civil –UO, ASESGC, AUGC, JUCIL, APC-GC, AEGC e IGC– abandonaron la mañana del 18 de marzo el Pleno del Consejo de la Guardia Civil como protesta por la tramitación del Proyecto de Real Decreto que otorga un coeficiente reductor de la edad de jubilación exclusivamente a los miembros de la Policía Nacional encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social.

“El Gobierno castiga a la Guardia Civil por su naturaleza militar y la excluye de la profesión de riesgo”, denuncian las asociaciones profesionales en un comunicado conjunto. “No podemos tolerar que se esté tramitando un proyecto de Real Decreto que reconoce esta condición solo para los policías nacionales, cuando llevamos años reclamando el mismo trato que el resto de cuerpos policiales”.

El detonante ha sido la exclusión expresa de los guardias civiles del beneficio que sí recibirán sus compañeros de la Policía Nacional: la aplicación de un coeficiente reductor que les permitirá adelantar su jubilación con las mismas condiciones económicas. Según las asociaciones, el Ejecutivo justifica esta discriminación únicamente en la condición militar de la Guardia Civil, un argumento que consideran “inaceptable” y “una ofensa grave tanto a los guardias civiles como a la propia Institución”.

“No podemos seguir como si no hubiera pasado nada”. Tras abandonar el Pleno, las siete organizaciones han decidido dar un paso más allá: suspenden su participación en todos los grupos de trabajo, comisiones y plenos del Consejo de la Guardia Civil “hasta que sean convocados por la Secretaría de Estado de Seguridad o por el propio Ministro del Interior para abrir una mesa de diálogo real”.

El objetivo es claro y unánime: conseguir “las mismas condiciones económicas de jubilación que el resto de cuerpos policiales”. “Solo volveremos cuando se nos garantice la igualdad”, subrayan en el comunicado conjunto.

Este movimiento conjunto representa un hito en la historia reciente de la Guardia Civil. Nunca antes las asociaciones habían actuado con tal coordinación y contundencia para denunciar lo que consideran un trato discriminatorio por parte del Gobierno.

La decisión deja en el aire la continuidad del diálogo institucional en el Consejo de la Guardia Civil y pone sobre la mesa un debate que ya no podrá ser ignorado: ¿es justo que dos cuerpos que comparten idénticas misiones de seguridad ciudadana y riesgo real tengan condiciones de jubilación distintas?

El Ejecutivo, por el momento, no ha respondido públicamente al abandono del Pleno. Fuentes cercanas a Interior consultadas por este medio indican que la tramitación del Real Decreto sigue su curso ordinario.