El Tribunal Supremo admite a trámite una solicitud de extensión de efectos de la sentencia que previamente reconoció la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional adscritos al régimen de la Seguridad Social.
Este movimiento jurídico representa un paso fundamental en la estrategia del asociacionismo profesional de la Guardia Civil para tratar de conseguir el pleno reconocimiento de la Institución como profesión de riesgo. Esto implicaría la aplicación de coeficientes reductores que permitan una posible jubilación anticipada no penalizada, un derecho largamente demandado por el colectivo.
Desde JUCIL, asociación profesional que presentó la solicitud, se subraya que esta acción se ha emprendido ante la falta de voluntad política real y efectiva para abordar la declaración de la Guardia Civil como profesión de riesgo.
“El Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno solo establece los cauces para una posible declaración, pero no garantiza en modo alguno que se vaya a iniciar ni a estimar. Ante la inacción y los gestos vacíos, se decidió seguir el único camino que, a día de hoy, ofrece una garantía de éxito: la acción jurídica”.
El objetivo principal de esta extensión de sentencia es lograr para la Guardia Civil aquello que ya se consiguió para el personal de Seguridad Social de la Policía Nacional.
La admisión a trámite de la solicitud de extensión es el primer eje de la estrategia legal de JUCIL. En caso de no producirse dicha extensión, la asociación mantiene vigentes las acciones legales ya iniciadas que culminarán en el propio Tribunal Supremo, con la convicción de obtener un fallo estimatorio.
Paralelamente, se están llevando a cabo acciones destinadas a que tanto Guardias Civiles como Policías Nacionales que se encuentran bajo el régimen de Clases Pasivas obtengan también dicho reconocimiento y sus correspondientes coeficientes reductores.
Al parecer, a pesar del apoyo manifestado por diversos grupos parlamentarios, este no se ha traducido en una propuesta formal de modificación legal y posterior aprobación, como sí ocurrió con otros cuerpos como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral.
