La Asociación Profesional de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra Leire Díez Castro, militante del PSOE, acusándola de intentar menoscabar la independencia y credibilidad de la Guardia Civil, en particular de su Unidad Central Operativa (UCO).
La acción legal, que también involucra a los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, así como al abogado Jacobo Teijelo, se basa en audios publicados por El Confidencial que revelan una presunta operación para obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.
Según la ASESGC, los hechos denunciados constituyen posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. Los audios, grabados durante una videollamada en febrero de 2025, muestran a Díez Castro, exdirectora de Relaciones Institucionales de Correos, solicitando al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por un fraude de IVA en el sector de hidrocarburos, información que pudiera desacreditar a Balas. Este mando de la UCO lidera investigaciones sensibles, como el caso Koldo y las pesquisas relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su hermano, David Sánchez.
La denuncia sostiene que Díez actuó “en nombre de cargos del PSOE” y ofreció a Hamlyn beneficios judiciales, como acuerdos con fiscales, a cambio de información comprometedora. Además, se menciona la contratación de personas para recabar datos sobre agentes de la UCO, utilizando términos como “gente infiltrada”, lo que la ASESGC considera un ataque directo al funcionamiento de la justicia y a la labor de la Guardia Civil.
La filtración de los audios, publicada el 26 de mayo de 2025 por El Confidencial, ha generado una ola de indignación entre asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Jucil, la asociación mayoritaria, denunció una “purga sistemática” de altos mandos desde 2018, mientras que Independientes de la Guardia Civil (IGC) calificó los hechos como un “ataque al corazón del Estado de derecho”. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exigió una defensa pública de la Dirección General de la Guardia Civil, criticando el “silencio atronador” de su directora, Mercedes González.
El PSOE, por su parte, ha negado categóricamente cualquier operación contra la UCO y ha abierto un expediente informativo a Díez, quien afirmó que los audios forman parte de una investigación para un libro y que tiene “la conciencia tranquila”. Sin embargo, partidos de la oposición, como el PP y Vox, han exigido explicaciones. El PP ha solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso y ha anunciado que analizará los audios en clave jurídica, mientras que Vox, junto con Iustitia Europa y Hazte Oír, ya había presentado denuncias previas contra Díez.
El caso ha avivado el debate sobre la independencia de las instituciones en España. La UCO, reconocida por su eficacia en la lucha contra la corrupción, se encuentra en el centro de la controversia debido a sus investigaciones sobre casos que afectan al entorno del Gobierno. Las asociaciones de la Guardia Civil subrayan que cualquier intento de condicionar su labor pone en riesgo el Estado de derecho y la confianza ciudadana en las instituciones.
Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la profesionalidad de la UCO, asegurando que el Gobierno le ha proporcionado más recursos. No obstante, las críticas de las asociaciones persisten, especialmente por la falta de un respaldo más contundente desde la cúpula de la Guardia Civil.
La denuncia de la ASESGC marca un punto de inflexión en un escándalo que pone en cuestión la relación entre el poder político y las fuerzas de seguridad. Con los tribunales ya en marcha y la presión política en aumento, el caso de Leire Díez Castro podría tener ramificaciones significativas para el Gobierno y la percepción pública de la Guardia Civil. La ASESGC ha dejado claro su objetivo: proteger la integridad y profesionalidad de la institución frente a cualquier intento de injerencia.
Mientras se espera el desarrollo judicial, la controversia subraya la importancia de garantizar la independencia de las unidades policiales en un contexto de creciente polarización política. La verdad, como afirmó Díez, “es solo una y saldrá”.
