El martes 22 de julio de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez dio un paso controvertido al declarar la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, ubicada en la céntrica Vía Layetana, como Lugar de Memoria Democrática.
Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), responde a una histórica demanda del independentismo catalán, que ha señalado este edificio como un símbolo de represión política durante la dictadura franquista. Sin embargo, la medida ha desatado una fuerte reacción de los sindicatos policiales, que denuncian un ataque a la dignidad de los agentes y alertan sobre los riesgos que supone convertir una comisaría en activo en un lugar de "peregrinaje" turístico, comprometiendo la seguridad de los policías que allí trabajan.
La Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana, lleva operativa desde 1929, fue construida bajo la dictadura de Primo de Rivera. Según los fundamentos jurídicos publicados en el BOE, el edificio albergó a la Brigada Político-Social, encargada de perseguir a disidentes políticos. Se estima que al menos 4.143 personas fueron detenidas en Barcelona por motivos políticos durante la dictadura.
La declaración como Lugar de Memoria Democrática implica que el edificio, aún en uso policial, deberá señalizar los espacios donde ocurrieron estas atrocidades, además de permitir visitas presenciales y virtuales para divulgar su historia. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática también creará un apartado en su página web con fotografías y explicaciones sobre los crímenes cometidos, promoviendo itinerarios conmemorativos para visitantes.
Sin embargo los sindicatos policiales han mostrado su indignación tras la decisión del Gobierno y ha generado una respuesta contundente, que han calificado la medida como un "ataque directo" a los agentes que trabajan en la comisaría, acusando al Ejecutivo de ceder ante los intereses del independentismo para mantenerse en el poder.
En un comunicado, el sindicato Jupol afirmó: "Esta decisión responde únicamente a intereses políticos a corto plazo, a la necesidad de contentar a los socios independentistas que sostienen al Gobierno y a desviar la atención sobre los graves escándalos de corrupción que lo acorralan", a la vez que ha señalado el simbolismo que Vía Laietana adquirió tras los altercados independentistas de 2017, relacionados con el referéndum ilegal del 1-O. Según este sindicato policial, el Gobierno "premia a quienes durante años han acosado, señalado y criminalizado a los agentes de Policía Nacional y a sus familias", en lugar de defender a quienes garantizan el Estado de Derecho en Cataluña.
La CEP, por su parte, ha calificado la medida como "otra ofensa a la Policía Nacional", argumentando que se trata de una nueva cesión al independentismo "a costa de nuestro honor y dignidad"
Uno de los aspectos más polémicos de esta iniciativa es la decisión de mantener la Jefatura de Policía plenamente operativa mientras se abren ciertas zonas al público para visitas presenciales y virtuales. Los sindicatos policiales han expresado su preocupación por el impacto que esto tendrá en la seguridad de los agentes y en el funcionamiento cotidiano de la comisaría.
La idea de transformar un edificio policial en activo en un lugar de "peregrinaje" plantea serios desafíos logísticos y de seguridad, especialmente en un contexto de tensiones políticas en Cataluña. Desde los sindicatos policiales se ha advertido que permitir el acceso de visitantes a una comisaría en funcionamiento podría comprometer la confidencialidad de las operaciones policiales y exponer a los agentes a riesgos innecesarios. "La comisaría de Vía Layetana no puede ser utilizada como herramienta política ni como moneda de cambio: es y debe seguir siendo un símbolo de legalidad, justicia y servicio público", afirmó el representante de Jupol, exigiendo la revocación inmediata de la medida y un refuerzo de la presencia policial en Cataluña. La CEP también ha cuestionado la decisión y se pregunta cómo se garantizará la seguridad de los policías mientras se realizan visitas guiadas, advirtiendo que la señalización de espacios como "lugares de tortura" dentro de una comisaría activa podría generar percepciones negativas hacia los agentes actuales, que no tienen relación con los crímenes del pasado.
Por su parte, sectores independentistas han celebrado la declaración como un avance, pero consideran que no va lo suficientemente lejos. Estas fuerzas políticas y entidades civiles exigen que la Policía Nacional abandone el edificio por completo y que se traslade a las afueras de Barcelona, una demanda que ven como un paso simbólico para desvincular el inmueble de lo que califican como "fuerzas de ocupación", el Gobierno, sin embargo, ha descartado el desalojo de la Policía Nacional.
El ministro del Interior, ha defendido que el edificio ya está "resignificado" como sede de una Policía democrática, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha reiterado que la declaración no implica el cese de las actividades policiales
La declaración de la Jefatura de Vía Layetana como Lugar de Memoria Democrática y la decisión de mantener el edificio como comisaría operativa mientras se convierte en un espacio de conmemoración plantea interrogantes sobre su viabilidad práctica y sus implicaciones políticas.
Los sindicatos policiales advierten que esta dualidad podría generar tensiones innecesarias y poner en riesgo la seguridad de los agentes, mientras que el independentismo insiste en que el edificio debe ser completamente despojado de su función policial. La medida del Gobierno refleja el delicado equilibrio entre las demandas de sectores independentistas, y la defensa de la operatividad y dignidad de las fuerzas policiales.
La implementación de las visitas y la señalización de los espacios de tortura dentro de una comisaria operativa es un desafío que puede comprometer la seguridad y alimentar aún más las tensiones en Cataluña.
Redacción
