Un informe de la Comisaría General de Información remitido a la Audiencia Nacional sitúa al prefecto de Policía de Tetuán y al supervisor general de M’diq-Fnideq entre los responsables de mayor rango del dispositivo de seguridad desplegado junto al Tarajal. Los investigadores analizan su presencia en vídeos en los que aparecen dando indicaciones a migrantes y a efectivos uniformados.
La investigación judicial sobre las entradas masivas de migrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026 suma un nuevo elemento de relevancia. La Policía Nacional ha identificado a dos altos mandos de las fuerzas de seguridad marroquíes que aparecen en varias grabaciones realizadas en las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta, en Fnideq —Castillejos—, junto a la frontera española del Tarajal.
Se trata de Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía de la región de Tetuán, y Abdel Fattah El Sayed El Radi, supervisor general de M’diq-Fnideq. Ambos han sido identificados por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional en un informe remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye las diligencias sobre aquellos acontecimientos.
El documento, según ha publicado EFE que ha tenido acceso a su contenido, sitúa a los dos responsables dentro del «rango más alto en la cadena de mando operativa» del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades marroquíes en la zona.
La identificación no constituye por sí misma una atribución de responsabilidad penal. La investigación continúa abierta y los agentes tratan ahora de determinar el papel concreto que desempeñaron ambos mandos, así como la posible participación de otros responsables y colaboradores.
73 vídeos localizados y cinco analizados en el informe
La Comisaría General de Información ha localizado un total de 73 grabaciones relacionadas con las jornadas del 30 y 31 de julio. El informe remitido a la jueza analiza cinco de esos vídeos, publicados en medios de comunicación marroquíes y redes sociales, en los que aparecen los dos responsables policiales.
Una de las secuencias muestra a Mohamed El Oualidi junto a la valla fronteriza, hablando con varios migrantes y realizando movimientos con el brazo derecho mientras señala la dirección hacia la que deben dirigirse. Los investigadores describen su comportamiento como la impartición de directrices a varias personas presentes en el lugar.
En otra grabación aparecen cuatro individuos uniformados pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) marroquí. Tres de ellos visten el uniforme de la Policía Nacional de Marruecos y realizan indicaciones con los brazos a un grupo de migrantes, entre los que se encuentran mujeres y menores.
La relevancia de estas imágenes reside en que permiten observar la actuación de efectivos policiales y responsables de seguridad en un momento especialmente delicado, cuando se estaban produciendo movimientos masivos de personas hacia la frontera de Ceuta.
En otras secuencias, El Oualidi aparece hablando por teléfono y manteniendo contacto con agentes uniformados, mientras que El Radi es grabado utilizando un equipo portátil de transmisiones, conocido como walkie-talkie. También se le observa conversando con efectivos policiales y realizando gestos durante el desarrollo del dispositivo.
Los investigadores consideran que la presencia de ambos responsables y las actuaciones que se aprecian en las imágenes justifican profundizar en la estructura de mando y en las órdenes que pudieron impartirse durante aquellas jornadas.
Responsables de la coordinación y dirección del dispositivo
El informe policial identifica a ambos como altos cargos de la administración pública marroquí con competencias en la coordinación y dirección de los planes de seguridad, el control fronterizo y el mantenimiento del orden público en la demarcación de M’diq-Fnideq.
La Comisaría General de Información considera que sus posiciones dentro de la estructura policial los sitúan en un nivel especialmente elevado de responsabilidad operativa. De ahí que el análisis no se limite a constatar su presencia física en las inmediaciones del paso fronterizo, sino que pretenda esclarecer qué funciones desempeñaron durante los acontecimientos.
La Policía señala que continuará examinando el material audiovisual disponible para conocer el papel de los identificados, determinar la identidad de otros colaboradores que aparecen en las grabaciones y reconstruir la estructura de mando del dispositivo desplegado por las autoridades marroquíes.
Este trabajo resulta esencial para diferenciar la mera presencia de responsables policiales en una operación de seguridad de una eventual intervención en decisiones que pudieran haber favorecido, facilitado o condicionado los movimientos de personas hacia territorio español.
La Audiencia Nacional investiga una posible actuación contra la integridad territorial
El informe se incorpora a una investigación judicial de especial trascendencia. La magistrada María Tardón abrió diligencias al apreciar indicios de una posible conducta delictiva cometida en el extranjero que habría atacado gravemente la integridad territorial de España.
En el auto de apertura de la causa, la jueza se refirió a una «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos, al valorar el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes durante las entradas masivas. La magistrada consideró que lo observado en las imágenes no parecía responder a una actuación meramente incidental, ocasional o espontánea.
Estas apreciaciones forman parte del razonamiento judicial que justifica la investigación y no constituyen una sentencia ni una declaración definitiva de culpabilidad. Corresponde ahora a la instrucción determinar si existió una actuación coordinada, quién pudo intervenir en ella y si los hechos tienen relevancia penal.
La identificación de El Oualidi y El Radi adquiere importancia precisamente por la posición jerárquica que, según la Policía española, ocupaban dentro del dispositivo de seguridad desplegado en el entorno fronterizo.
Una investigación que trasciende el control migratorio
Los acontecimientos de julio en Ceuta no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva de una crisis migratoria o de un episodio de presión sobre la frontera. La dimensión institucional y de seguridad de lo sucedido obliga a esclarecer si existió una actuación organizada desde estructuras oficiales y si las decisiones adoptadas por responsables públicos tuvieron consecuencias sobre la integridad territorial española.
La labor de la Policía Nacional, a través de su Comisaría General de Información, resulta determinante para reconstruir los hechos mediante el análisis de imágenes, la identificación de personas y la documentación de las actuaciones observadas. La investigación deberá establecer qué ocurrió, quién dio las instrucciones y cuál fue la cadena de decisiones durante aquellas jornadas.
Para España, la defensa de sus fronteras constituye una cuestión de soberanía y seguridad nacional. Y para los agentes que prestan servicio en Ceuta, sometidos a situaciones de presión extraordinaria en el entorno del Tarajal, conocer la verdad sobre lo sucedido es también una cuestión de respaldo institucional.
La identificación de estos dos altos mandos marroquíes abre una nueva vía de análisis en la investigación de la Audiencia Nacional. Pero el trabajo no ha terminado: quedan por esclarecer las responsabilidades individuales, la posible intervención de otros integrantes de la estructura de seguridad y el alcance real de las actuaciones que muestran las grabaciones.
La frontera de Ceuta necesita cooperación, control y respeto entre Estados. Pero esa cooperación no puede sustituir al esclarecimiento de unos hechos que, por su gravedad y por las dudas que todavía plantean, deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias.
