El dispositivo conjunto se desarrolló de madrugada en uno de los barrios más afectados por la presión migratoria tras las entradas masivas del verano. El Gobierno sitúa en 13.101 las personas retornadas a Marruecos desde el 10 de agosto, mientras continúan las actuaciones para localizar a quienes permanecen fuera de los recursos de acogida.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo en Ceuta un nuevo operativo conjunto para localizar y desalojar a cerca de 200 migrantes que permanecían ocultos en garajes, azoteas y viviendas del barrio de El Príncipe. La intervención, descrita por el Gobierno como «discreta y cuidadosa», se desarrolló durante la madrugada del viernes 23 de octubre y se enmarca en las actuaciones desplegadas tras la entrada masiva de personas registrada a finales de julio.
El dispositivo fue confirmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que también estuvo presente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Torres explicó que, mientras se celebraba el encuentro, el delegado del Gobierno en Ceuta, los responsables policiales y la Guardia Civil participaban en las actuaciones sobre el terreno para localizar a las personas que permanecían en distintos inmuebles de la barriada.
La operación refleja las dificultades que afrontan las autoridades para gestionar las consecuencias de la crisis migratoria del verano, especialmente después del desmantelamiento de varios asentamientos improvisados en diferentes puntos de la ciudad autónoma.
De los asentamientos costeros a los inmuebles de El Príncipe
La actuación policial se produce después de las intervenciones desarrolladas en los asentamientos de El Guano y en las playas del Trampolín y Benítez. Tras esas operaciones, parte de las personas que permanecían en esos enclaves se desplazaron a otros puntos de Ceuta, entre ellos el barrio de El Príncipe.
Las fuerzas de seguridad han intensificado desde entonces las labores de localización para identificar a quienes permanecen en situación irregular y determinar las circunstancias en las que se encuentran alojados.
La presencia de migrantes en garajes, azoteas y viviendas plantea, además, problemas relacionados con las condiciones de habitabilidad, la seguridad de los inmuebles y la posible existencia de personas que faciliten alojamientos clandestinos o se aprovechen de la vulnerabilidad de quienes buscan llegar a la Península.
La intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil forma parte de un dispositivo más amplio de control migratorio y atención a las personas localizadas, que contempla su identificación y la derivación a los recursos correspondientes conforme a su situación individual.
Más de 13.000 retornos a Marruecos desde agosto
Durante su comparecencia, el ministro Ángel Víctor Torres ofreció cifras que permiten dimensionar la respuesta institucional a la presión migratoria en Ceuta.
Según los datos facilitados por el Gobierno, 13.101 personas habían sido retornadas a Marruecos desde el 10 de agosto. Asimismo, se habían repartido 244.000 comidas desde el 3 de agosto y los recursos de acogida habilitados, con cerca de 8.000 plazas, mantenían ocupadas aproximadamente 6.000.
En relación con los menores, Torres indicó que 3.434 habían sido identificados y estaban siendo atendidos por el sistema autonómico de protección. De ellos, 114 se encontraban acogidos por familias en la Península y otros 181 habían sido trasladados a comunidades autónomas mediante los mecanismos previstos en la legislación de extranjería.
El ministro destacó la complejidad que supone la atención a los menores extranjeros no acompañados, cuya situación requiere actuaciones específicas de protección y no puede abordarse de la misma manera que la de los adultos.
Otra intervención policial destapa una posible red de explotación
La presión migratoria en El Príncipe ha coincidido con otra actuación de la Policía Nacional que ha puesto el foco en las condiciones de alojamiento de personas migrantes en la ciudad.
Los agentes localizaron a 74 migrantes hacinados en un inmueble del barrio, entre ellos diez menores no acompañados. La investigación llevó a detener a un vecino de Ceuta, acusado presuntamente de gestionar una estructura dedicada a facilitar la inmigración irregular y de aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas alojadas.
De acuerdo con las informaciones publicadas, los ocupantes pagaban por dormir en condiciones de hacinamiento y se investigan posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, la explotación laboral, la vulneración de los derechos de los trabajadores y las lesiones a un menor.
Esta actuación es distinta del desalojo de cerca de 200 personas, pero evidencia la necesidad de esclarecer las circunstancias en las que viven algunos migrantes y de perseguir posibles redes que obtengan beneficios de su situación de vulnerabilidad.
Seguridad, control fronterizo y atención a las personas vulnerables
La intervención de El Príncipe vuelve a situar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil ante uno de los principales desafíos de seguridad y gestión migratoria de Ceuta. El trabajo de ambos cuerpos no se limita a localizar a quienes permanecen fuera de los dispositivos de acogida: también incluye identificar posibles delitos, detectar redes de tráfico de personas y garantizar que las actuaciones se desarrollen dentro del marco legal.
La eficacia de estos dispositivos debe medirse tanto por su capacidad para recuperar el control de los espacios afectados como por su contribución a evitar situaciones de explotación, hacinamiento y riesgo para la integridad de las personas.
El operativo confirma que la respuesta a las consecuencias de las entradas masivas del verano continúa abierta. Las autoridades mantienen las actuaciones para localizar a quienes permanecen en inmuebles y asentamientos informales, mientras la ciudad afronta el reto de compatibilizar el control fronterizo, la seguridad ciudadana y las obligaciones de protección humanitaria.
