Sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de Guardia Civil reclaman compromisos concretos para acabar con las diferencias para una jubilación digna y evitar que miles de agentes sigan esperando una solución a una reivindicación histórica.
MADRID | 27 de octubre de 2026
La negociación para mejorar las condiciones de jubilación de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil afronta un nuevo episodio de tensión. Representantes de organizaciones sindicales policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han anunciado un encierro pacífico e indefinido en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, después de que, según han denunciado, se hayan roto las negociaciones con la Administración.
La movilización, comunicada este martes 27 de octubre, pretende elevar la presión sobre el Ministerio del Interior para que las conversaciones dejen de prolongarse sin garantías suficientes y se traduzcan en medidas concretas. Las organizaciones han hecho un llamamiento a los compañeros destinados en Madrid para que acudan a respaldar la protesta, siempre de forma pacífica y con absoluto respeto.
El mensaje difundido por los convocantes es inequívoco: la paciencia se ha agotado y la reivindicación de una jubilación digna no puede quedar nuevamente pendiente de promesas y compromisos sin materializar.
DE LA NEGOCIACIÓN AL ENCIERRO
La iniciativa está respaldada, según la comunicación difundida, por los sindicatos JUPOL, SUP y UFP, junto con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. AUGC, JUCIL, ASESGC, APC, IGC y AEGC.
El encierro representa un endurecimiento de las medidas reivindicativas después de meses de reuniones y negociaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad. Las organizaciones aseguran llevar casi un año de conversaciones y consideran que ha llegado el momento de obtener respuestas concretas.
La protesta se produce, además, en un contexto de incertidumbre política. La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha elevado la preocupación de los representantes profesionales, que temen que una negociación todavía pendiente de cerrar pueda quedar paralizada o condicionada por el calendario electoral.
Precisamente, el pasado 5 de octubre, doce organizaciones representativas de ambos cuerpos reclamaron a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, la convocatoria urgente de la mesa técnica y la aprobación de las disposiciones normativas necesarias para garantizar la efectividad de las medidas negociadas.
En aquel escrito insistieron en que los avances debían convertirse en normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado, evitando que los compromisos quedaran en una mera declaración de intenciones.
UNA REIVINDICACIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DE LA CUANTÍA DE LAS PENSIONES
La reclamación de policías nacionales y guardias civiles no se limita a mejorar la cantidad que percibirán cuando finalice su vida profesional. El conflicto comprende también el reconocimiento de las particularidades de ambas profesiones, la posibilidad de anticipar la edad de jubilación y la eliminación de diferencias respecto a otros cuerpos policiales.
Una de las cuestiones centrales es la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación vinculados al reconocimiento de la profesión como actividad de riesgo. Las organizaciones defienden que las medidas deben ofrecer condiciones equiparables a las de otros cuerpos policiales y alcanzar a los agentes con independencia de su sistema de cotización.
Este último punto resulta especialmente relevante para quienes pertenecen al régimen de Clases Pasivas. Desde el inicio de las conversaciones, los representantes profesionales han advertido de que una solución limitada a los funcionarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social dejaría fuera a una parte del colectivo.
Por ello, las organizaciones han defendido la necesidad de abordar conjuntamente las modificaciones normativas correspondientes a ambos regímenes.
El objetivo es evitar que la fecha de ingreso, el encuadramiento administrativo o el sistema de protección social al que pertenezca cada agente terminen determinando diferencias injustificadas en el reconocimiento de su trayectoria profesional.
SOBRE LA MESA, UNA PROPUESTA ECONÓMICA QUE TODAVÍA NECESITA GARANTÍAS
La negociación había registrado avances durante septiembre. En la reunión celebrada el día 22 de ese mes, la Secretaría de Estado de Seguridad presentó una propuesta para mejorar los haberes reguladores de los grupos funcionariales, con especial atención a las pensiones de los grupos C1 y A2.
Según la información difundida entonces por AUGC, la propuesta situaba la pensión del grupo C1 en torno a los 39.000 euros anuales a partir de 2027, mientras que el grupo A2 podría alcanzar la pensión máxima. Las organizaciones señalaron, no obstante, que seguían existiendo aspectos pendientes de concreción.
Por su parte, JUPOL y JUCIL habían defendido una propuesta más concreta que contemplaba una pensión mínima de 39.659,44 euros brutos anuales para el grupo C1, el reconocimiento a efectos de jubilación de determinados años cotizados en el grupo C2 como C1 y la aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2026, entre otras medidas. Se trata de reivindicaciones de estas organizaciones, que no deben confundirse con derechos ya aprobados ni con un acuerdo definitivo de la Administración.
La diferencia entre una propuesta y una norma aprobada es precisamente uno de los elementos que explican la inquietud de los representantes profesionales. Los avances anunciados durante las reuniones no garantizan por sí mismos que las mejoras lleguen a las nóminas de los futuros jubilados ni que se apliquen a quienes ya han abandonado el servicio activo.
Para que la negociación produzca efectos reales, resulta necesario concretar las cuantías, los beneficiarios, las condiciones de aplicación y los plazos, además de completar la correspondiente tramitación normativa.
LA UNIDAD DE ACCIÓN, ANTE UNA NUEVA PRUEBA
La movilización de este 27 de octubre vuelve a situar la jubilación de policías nacionales y guardias civiles en el centro del debate sobre sus condiciones profesionales y sociales.
La coincidencia de sindicatos y asociaciones profesionales en esta reivindicación constituye uno de los principales instrumentos de presión sobre la Administración. Las organizaciones pretenden que las diferencias internas o las particularidades de cada régimen de pensiones no impidan alcanzar una solución que abarque al conjunto de los afectados.
El encierro anunciado busca trasladar un mensaje de firmeza: quienes han dedicado décadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos consideran que sus condiciones al finalizar la carrera profesional merecen una respuesta acorde con las responsabilidades y exigencias del servicio.
La movilización también interpela al Gobierno sobre su capacidad para convertir los avances de una negociación prolongada en decisiones efectivas antes de que el calendario político complique aún más su tramitación.
A fecha de publicación de esta información, la comunicación de los convocantes anuncia el inicio de un encierro pacífico e indefinido, pero no aporta detalles suficientes para confirmar el resultado de las conversaciones mantenidas este martes ni la respuesta posterior de la Secretaría de Estado de Seguridad.
UNA REIVINDICACIÓN PENDIENTE DE CONVERTIRSE EN DERECHOS EFECTIVOS
La jubilación digna de policías nacionales y guardias civiles continúa siendo una reivindicación que exige una solución integral. No basta con anunciar mejoras económicas o reconocer la necesidad de revisar el sistema: los profesionales reclaman medidas concretas, seguridad jurídica y garantías de aplicación.
La movilización anunciada en Madrid pretende impedir que meses de trabajo terminen sin resultados tangibles. En un escenario marcado por la incertidumbre política y la proximidad de las elecciones generales, los convocantes han decidido intensificar la presión para reclamar una respuesta.
La cuestión de fondo permanece abierta: si la Administración será capaz de cerrar una negociación que afecta al futuro de miles de profesionales y sus familias, o si la falta de un acuerdo definitivo prolongará una reivindicación que los representantes de ambos cuerpos consideran ya inaplazable.
Para los sindicatos y asociaciones que respaldan la protesta, el mensaje es claro: la jubilación digna no puede quedarse en una promesa; debe convertirse en una realidad para policías nacionales y guardias civiles, sin dejar a ningún compañero atrás.
