El perjuicio económico total acreditado para la empresa afectada por los daños y el producto sustraído asciende a 172.188,69 euros
28 de octubre de 2026.– La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en el marco de la "Operación Seabass", ha desarticulado un entramado delictivo dedicado al robo sistemático y posterior comercialización ilícita de lubinas.
Estos hechos se venían produciendo desde el pasado mes de mayo,en las instalaciones marinas ubicadas en el Castillo del Romeral, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Las pesquisas comenzaron el pasado mes de agosto, tras la interposición de una denuncia formal por parte de la empresa perjudicada ante los constantes robos y roturas de redes que sufría en sus viveros. Para el esclarecimiento de los hechos, resultó imprescindible la aportación de un exhaustivo dosier de seguimiento previo encargado por la propia firma afectada.
A partir de estos datos, los agentes del Equipo ROCA, pudieron constatar la existencia de un grupo organizado compuesto por tres personas, que utilizaba dos embarcaciones semirrígidas para aproximarse a las jaulas marinas.
Mientras una de ellas realizaba labores de vigilancia en la superficie, las otras dos se sumergían equipadas con fusiles de pesca submarina para capturar ilegalmente las lubinas de gran tallaje, perforando las redes a casi dos metros de profundidad.
Posteriormente, el género era transportado por carretera y distribuido de forma clandestina en establecimientos de restauración de las zonas costeras del sur de la isla.
La fase de explotación comenzó el pasado 22 de septiembre, cuando la Guardia Civil, en acción conjunta con el Servicio de Inspección Pesquera y las autoridades sanitarias del Gobierno de Canarias, coordinó una inspección técnico-sanitarias urgente en los locales identificados.
En estos registros se retiraron de inmediato del mercado un total de 40,2 kilos de lubinas de procedencia ilícita, capturadas de forma furtiva y carentes de cualquier tipo de etiquetado, factura o control de trazabilidad.
El laboratorio confirmó un resultado positivo por presencia de ciguatoxinasEl aspecto más crítico de la intervención se detectó en uno de los establecimientos inspeccionados en el municipio de Mogán, donde los agentes hallaron ejemplares de pejerrey, de origen injustificado, junto a las lubinas robadas.
Al tratarse de una especie sujeta a control oficial de ciguatoxinas, se remitieron con carácter urgente muestras biológicas al Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (IUSA). El laboratorio confirmó un resultado positivo por presencia de ciguatoxinas.
La presencia de esta potente neurotoxina, que no se destruye mediante el cocinado ni por congelación, constituía un peligro grave y directo para la salud de los comensales, lo que motivó la apertura de diligencias independientes por un delito contra la salud pública imputado directamente a la dirección del establecimiento.
La explotación de la operación culminó a mediados de octubre con cinco personas investigadas, no detenidas: las tres personas autoras materiales del robo con fuerza en la piscifactoría y las dos personas al frente de los locales de restauración de las zonas de Puerto Rico y Playa de Mogán por delitos de receptación, al adquirir la mercancía ilícita para lucrarse.
Quien ejerce la titularidad del local de Mogán suma a sus cargos el mencionado delito contra la salud pública. Asimismo, los indicios y datos de filiación recopilados en un tercer establecimiento ubicado en San Agustín, han sido trasladados a la Autoridad Judicial ante sospechas documentadas de descargas de pescado indocumentado.
Ante estos hechos, la Guardia Civil y el Gobierno de Canarias advierten del grave riesgo sanitario que supone adquirir o consumir productos fuera de los cauces legales de comercialización, al carecer de los controles que evitan intoxicaciones alimentarias por biotoxinas marinas.
Asimismo, recuerdan la obligatoriedad de que todo producto pesquero destinado al consumo presente su lote y trazabilidad conforme a la Ley de defensa de la calidad alimentaria, único mecanismo que garantiza la seguridad y la salud de los consumidores.
