Han sido investigadas cuatro personas de edades comprendidas entre los 52 y 67 años. Los investigados utilizaron documentación notarial falsificada y la identidad de un tercero para formalizar la operación. La rápida actuación permitió recuperar más de 200.000 euros del dinero estafado
10 de agosto 2026 La Guardia Civil ha investigado a cuatro hombres entre 52 y 67 años como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y falsedad documental, tras esclarecer una estafa inmobiliaria relacionada con la venta fraudulenta de dos viviendas por un importe superior a los 407.000 euros.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, que manifestó haber sido engañada durante la adquisición de dos inmuebles. Las actuaciones desarrolladas permitieron acreditar la existencia de un entramado en el que los investigados utilizaron documentación notarial falsificada y la identidad de una tercera persona para aparentar la legalidad de las operaciones de compraventa.
Los presuntos autores empleaban documentación manipulada para obtener poderes notariales con los que podían actuar en nombre de terceros.
Posteriormente, el dinero procedente de la venta de los inmuebles era canalizado a través de distintas sociedades mercantiles, utilizando facturación falsa con el objetivo de dificultar el seguimiento de los fondos y dar apariencia de legalidad al beneficio obtenido.
La actuación de la Guardia Civil permitió bloquear 161.619,37 euros y recuperar otros 40.000 euros que fueron reintegrados al perjudicado, alcanzándose una recuperación total de 201.619,37 euros.
Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules.
Recomendaciones
La Guardia Civil recomienda extremar las precauciones en las operaciones de compraventa de inmuebles, verificando siempre la identidad de los intervinientes y la autenticidad de la documentación aportada.
Asimismo, aconseja realizar este tipo de gestiones a través de profesionales de confianza y comunicar de inmediato cualquier irregularidad que pueda detectarse durante el proceso de adquisición de una vivienda.
