El Fiscal General acusó a los agentes de la UCO d ela Guardia Civil de cometer "errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias"
Férrea defensa del Tribunal Supremo a la labor desempeñada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras los ataques vertidos por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la institución.
El pasado mes de diciembre, García Ortiz acusó a los agentes del Instituto Armado de cometer «errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias» en el informe donde la UCO apuntó a la Fiscalía General del Estado por la filtración respecto del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal general encontró la respuesta del Alto Tribunal a las duras acusaciones vertidas contra la Guardia Civil. En un auto, el magistrado Ángel Hurtado destacó que los informes de la UCO han aportado en las diligencias «una información de peso [...] por cuanto que se trata de unas diligencias periciales que aportan elementos indiciarios, elaboradas desde un organismo oficial del Estado, como es la UCO, realizadas por funcionarios públicos, en quienes no hay razón para presumir interés alguno en el caso, sino que, por el contrario, conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad, que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del Ministerio Fiscal en otras causas en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias».
En ese sentido, el instructor puso de relieve que la UCO está integrada «por especialistas sobre cuya cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio, infundadamente, la pericia realizada por sus profesionales, cuya reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente».
Por orden del Alto Tribunal, la Guardia Civil, como policía judicial, fue la encargada de llevar a cabo la diligencia de entrada y registro el pasado mes de octubre en el despacho del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada. En el móvil de García Ortiz, se encontraron «cero mensajes» de WhatsApp relevantes para el procedimiento debido a que el imputado decidió deshacerse de su terminal en plena investigación judicial por revelación de secretos.
