En una decisión judicial adoptada este 2 de julio de 2026, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, el teniente general Manuel Llamas.
Ambos han sido citados prestar declaración el próximo 16 de julio en relación con los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la administración de justicia.
Esta imputación se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción y cuenta con el respaldo de las acusaciones populares. El juez Pedraz ha rechazado, en cambio, la imputación solicitada respecto al anterior director general, Leonardo Marcos, al considerar que los hechos atribuidos no integran, por sí solos, un tipo penal.
Contexto del caso
El procedimiento, conocido como caso "Leire Díez", investiga las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para promover investigaciones internas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El objetivo sería indagar posibles filtraciones en causas que afectan al Gobierno, al PSOE y a su entorno.
Según los indicios recogidos en la instrucción, se examinan reuniones y contactos entre Leire Díez y altos mandos del Instituto Armado, que habrían derivado en la apertura de actuaciones internas contra la UCO. La Fiscalía y el juez consideran que estos hechos podrían configurar indicios de responsabilidad penal en la adopción de decisiones administrativas que habrían interferido en el normal desarrollo de las investigaciones judiciales.
Reacciones institucionales
Fuentes del Gobierno han manifestado su respaldo a la directora general Mercedes González y han descartado, por el momento, su relevo del cargo. Se trata de una medida cautelar propia de la fase de instrucción, en la que rige la presunción de inocencia.
La Guardia Civil, institución fundamental para la seguridad y el orden público en España, mantiene su compromiso con la legalidad y la colaboración plena con los órganos judiciales.
Tanto en el caso de Mercedes González como en el de Manuel Llamas, con una dilatada trayectoria en el Cuerpo, su citación como investigados no implica una condena, sino la necesidad de esclarecer los hechos en sede judicial.
Importancia del respeto a las instituciones
Este caso pone de manifiesto, una vez más, la independencia del Poder Judicial y el principio de igualdad ante la ley. En una democracia consolidada como la española, es esencial que las investigaciones avancen con rigor, discreción y pleno respeto a los derechos de todas las partes, evitando cualquier injerencia indebida y preservando la imagen y operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Como redactor jefe, subrayo la conveniencia de seguir con atención el desarrollo de las diligencias, sin anticipar conclusiones.
La presunción de inocencia protege a los investigados hasta que un tribunal dicte sentencia firme. Al mismo tiempo, la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la confianza ciudadana en nuestras instituciones.
Esperamos que las declaraciones del 16 de julio y de las ulteriores resoluciones judiciales, contribuyan a esclarecer los hechos con la seriedad y objetividad que la ciudadanía merece.
