El Alto Tribunal considera que el Consejo Fiscal debió pronunciarse sobre el conflicto de intereses con su pareja Baltasar Garzón
El Tribunal Supremo ha anulado este martes el nombramiento de la ex ministra Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, según informan fuentes jurídicas. Esta designación fue recurrida por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal solicitante de la plaza Luis Ibáñez.
En el fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ordena retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal dictamine sobre la posible incompatibilidad de Delgado para el cargo. Esta decisión supone un duro varapalo para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después que el Alto Tribunal apreciara que incurrió en "desviación de poder" con el primer ascenso de Delgado.
La decisión adoptada hoy por el Alto Tribunal ha sido adoptada por una amplia mayoría de los jueces. Serán ponentes de las sentencias los magistrados Pablo Lucas (presidente en funciones de la Sala) y Antonio Fonseca Herrero.
Durante el Pleno del Consejo Fiscal que tuvo lugar en junio de 2023, la mayoría de los vocales -tanto los seis de la AF como el consejero de la APIF- sostuvieron que había un claro «conflicto de intereses» en DoloresDelgado y, por tanto, razones de «incompatibilidad» para el cargo por ser la pareja sentimental del ex juez Baltasar Garzón. Alegaron que no era "en absoluto aventurado señalar que muchas de las denuncias que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática lleguen a la nueva Fiscalía que lleva ese mismo nombre estarán firmadas por la Fundación de Baltasar Garzón, FIGBAR".
Sin embargo, dicha petición fue inadmitida de plano por el fiscal general que hurtó así a este órgano la posibilidad de examinar este extremo. Fuentes fiscales explican que García Ortiz optó por no dejar pronunciarse al Consejo Fiscal sobre la posible incompatibilidad de Delgado para la plaza porque eso habría retrasado el nombramiento en un momento en el que habían sido convocadas las elecciones generales del 23-J. Es decir, si aceptaba que el órgano se pronunciase sobre un conflicto de intereses de Delgado con el ex juez Garzón corría el claro riesgo de que su amiga y predecesora no fuera nombrada para esta plaza tan ansiada a lo largo de su carrera profesional con un Gobierno de otro signo político (si hubiera logrado gobernar el Partido Popular como señalaban en aquel momento la mayoría de encuestas).
Los magistrados del Alto Tribunal, por amplia mayoría, han acordado este martes anular el Real Decreto de nombramiento de Delgado así como la retroacción de actuaciones para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si concurre o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El citado artículo del Estatuto recoge que «los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ejercer sus cargos en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal».
Esto significa que Delgado pierde la máxima categoría de la Carrera Fiscal (su plaza es la de la Audiencia Nacional) y que el Consejo Fiscal tendrá que volver a valorar si existe un conflicto de intereses de la ex ministra con los negocios de su pareja Garzón.
El Alto Tribunal ya anuló el pasado mes de noviembre el ascenso de la ex ministra de Pedro Sánchez a fiscal de Sala. Lo hizo en una sentencia unánime donde sostuvo que «la desviación de poder» cometida por García Ortiz fue «visible» e «innegable» al promocionarla como fiscal de Sala de lo Militar.
La designación de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática conllevó peticiones de dimisión del fiscal general del Estado. Además, también provocó que históricos miembros de la Unión Progresista de Fiscales -a la que siempre han estado ligados ambos (García Ortiz ha dejado de estar asociado en la actualidad por ser fiscal general pero fue su portavoz y Delgado es miembro)- se dieran de baja en señal de protesta por el apoyo que sus vocales en el Consejo Fiscal a este controvertido nombramiento. Lo hizo el fiscal del procés, Javier Zaragoza, el fiscal Carlos Castresana (fiscal del caso Pinochet, quien optó a la misma plaza que Delgado) o la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.
Fuente: elmundo.es
