El Gobierno saca pecho de la "elevada eficacia" policial con 18 intervenciones en Málaga durante 2025, mientras los agentes a pie de muelle denuncian que la presión y el descaro de las mafias no dan tregua. La estampa se ha vuelto casi rutinaria, pero no por ello menos indignante para quienes luchan contra el narcotráfico en la costa andaluza.
Narcolanchas de tres y cuatro motores refugiándose del temporal en puertos malagueños, con tripulantes que saludan a cámara mientras los agentes, desde tierra, asisten a la escena con las manos atadas por la falta de medios. Esa "sensación de impunidad" que denuncian sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil choca hoy con las cifras oficiales del Gobierno que asegura que la batalla se está ganando.
Según una reciente respuesta del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, el balance de 2025 en la Costa del Sol arroja la incautación de 18 medios marítimos, la destrucción de 12 narcolanchas y la retirada de 20 motores de gran potencia. Si abrimos el foco a toda el área del Plan Especial de Seguridad, la cifra escala hasta las 348 embarcaciones decomisadas, un 16% más que el año anterior. Para Interior, estos números no son una derrota, sino el síntoma de una "elevada eficacia" que justifica prorrogar el plan de choque hasta 2026.
Sin embargo, el papel lo aguanta todo, pero el mar es otra historia. En el Congreso, grupos políticos han trasladado al Gobierno el malestar que se respira en enclaves como Caleta de Vélez o Manilva. Allí, los temporales actúan como un armisticio forzoso donde las redes criminales se asoman a la costa sin pudor.
Desde sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen alertando de una pérdida de autoridad alarmante. No es solo una cuestión de efectivos —el Gobierno insiste en que se ha alcanzado un máximo histórico de 159.075 agentes en toda España— sino de protocolos y de la capacidad real de interceptar a estos "monstruos" de la navegación en mitad de la tempestad.
La verdadera novedad en esta guerra de desgaste no está solo en el mar, sino en el Boletín Oficial del Estado. La reciente reforma del Código Penal ha puesto en la diana al eslabón más escurridizo: el petaqueo.
Hasta hace poco, transportar garrafas de gasolina hacia alta mar para abastecer a las lanzas era poco menos que una infracción administrativa.
Los "petaqueros" salían en libertad a las pocas horas. Con el cambio legal, el suministro de combustible a estas embarcaciones prohibidas ya es delito por sí mismo, con penas de tres a cinco años de prisión, sin necesidad de que la policía encuentre un solo gramo de droga en la lancha.
Esta reforma busca asfixiar la logística de unas redes que han convertido la Costa del Sol en una extensión natural del Campo de Gibraltar. Ya no hace falta ver el fardo para actuar; ahora basta con cortar el flujo de energía que permite a los narcos permanecer semanas en aguas internacionales.
La presión ha escalado tanto que la Fiscalía Superior de Andalucía, dirigida por Ana Tárrago, mantiene abierto un expediente para investigar por qué estas lanchas pueden campar a sus anchas frente a los bañistas durante los días de mala mar.
Mientras el Gobierno garantiza que hay más recursos que nunca, los agentes en la costa esperan que 2026 no sea solo el año de las prórrogas y las cifras récord, sino el año en el que, por fin, la balanza de la autoridad vuelva a inclinarse de su lado.
