El tercer grado concedido a Henri Parot, condenado por 39 asesinatos, reabre una herida que nunca se cerró. Entre sus crímenes está la matanza de la casa cuartel de Zaragoza, donde ETA asesinó a once personas, entre ellas cinco niñas y un adolescente.
Frente a quienes hablan de evolución penitenciaria, respeto a los derechos humanos, las víctimas siguen reclamando algo mucho más básico: memoria, verdad, dignidad y respeto.
Ciertas decisiones, aunque puedan encajar en los procedimientos establecidos por la ley, resultan especialmente dolorosas para quienes conocen lo que hay detrás de un expediente penitenciario. La concesión del tercer grado a Henri Parot es una de ellas.
El Gobierno Vasco ha acordado la progresión de grado del asesino mas sanguinario de ETA, que ingresó en prisión en 1990 cuando fue detenido con una furgoneta cargada de explosivos que pensaba detonar en Sevilla y que fue condenado a 4000 años. La decisión, está basada en el informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zubieta, aunque el asesino Parot ya disfrutaba desde el pasado año de un régimen de semilibertad que le permitía salir de prisión entre semana para realizar actividades de voluntariado.
Hasta aquí están los hechos jurídicos. Pero quienes defendemos la memoria de las víctimas tenemos la obligación de mirar también más allá del expediente y recordar quién es Henri Parot y por qué su nombre sigue provocando dolor.
Porque Parot no es simplemente un preso que ha evolucionado favorablemente durante su estancia en prisión. Parot no lo ha hecho, nunca ha mostrado arrepentimiento y es uno de los asesinos etarras más sanguinarios de ETA, condenado a más de 4000 años por el asesinato de 39 personas y responsable de algunos de los atentados más brutales de la organización. Entre ellos se encuentra el ataque contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, cometido el 11 de diciembre de 1987.
Zaragoza no fue un episodio más
ETA colocó un coche bomba cargado con 250 kilos de amonal junto a la casa cuartel de la Guardia Civil. La explosión destruyó parte del edificio y mató a once personas. Entre ellas había cinco niñas y un adolescente de 17 años. Mas de 80 personas resultaron heridas.
Conviene detenerse aquí, porque las cifras pueden terminar deshumanizando aquello que ocurrió. No estamos hablando simplemente de once víctimas. Estamos hablando de familias que vivían en una casa cuartel. De guardias civiles que habían elegido servir a España y de sus esposas e hijos. De menores que estaban en sus habitaciones cuando una organización terrorista decidió convertir aquel edificio en un objetivo.
Cinco niñas murieron aquella mañana. También murió un adolescente de 17 años. Seis menores de edad perdieron la vida en aquel atentado. Eso es lo que no puede desaparecer cuando hablamos de tercer grado, de informes penitenciarios o de reinserción.
Porque mientras Henri Parot avanza hacia un régimen de mayor libertad, las familias de quienes fueron asesinados siguen viviendo con las consecuencias de aquella barbaridad. La ley puede establecer cuándo termina una condena. Lo que no puede hacer ninguna institución es decretar que el dolor de una víctima ha terminado.
¿Y el arrepentimiento?
Esta es una cuestión que se convierte en imprescindible, aunque resulte incómoda. La concesión del tercer grado se produce después de que Parot haya presentado escritos en los que rechaza todas las violencias y reconoce el sufrimiento causado, además de haber disfrutado de permisos y del régimen de semilibertad aplicado desde el pasado año.
Pero las propias víctimas, sus asociaciones, han cuestionado que exista un arrepentimiento real, público y verificable y han denunciado que Parot no ha realizado una ruptura clara e inequívoca con ETA y con el entorno político y social que justificó sus asesinatos. Y esta cuestión merece ser planteada sin complejos.
No basta con una fórmula genérica contra la violencia cuando detrás de esa palabra existen personas concretas asesinadas. El arrepentimiento de un terrorista debería tener también nombres y apellidos. Debería reconocer los crímenes cometidos, asumir la responsabilidad por el daño causado y rechazar de forma inequívoca la organización que convirtió el asesinato en una herramienta política. Especialmente cuando hablamos de alguien condenado por decenas de asesinatos.
No se trata de exigir venganza. Se trata de algo mucho más elemental: que la reinserción de quien asesinó no termine construyéndose a costa de la dignidad de quienes fueron asesinados.
La palabra reinserción no puede borrar la palabra víctima
En los últimos años hemos asistido a una progresiva normalización de la situación penitenciaria de antiguos asesinos de la banda terrorista ETA. La transferencia de las competencias penitenciarias al País Vasco ha situado al Gobierno Vasco en el centro de numerosas decisiones sobre progresiones de grado y regímenes de semilibertad. Y aquí es donde las víctimas tienen derecho a sentirse preocupadas.
Porque una cosa es que los procedimientos penitenciarios se apliquen conforme a la ley y otra muy diferente es que la sociedad termine acostumbrándose a contemplar la salida de prisión de antiguos terroristas como si estuviéramos hablando simplemente de cualquier condenado que cumple la última parte de su pena.
No estamos ante una delincuencia común. Estamos hablando de terrorismo. Estamos hablando de una organización que asesinó durante décadas para imponer un proyecto político mediante el miedo y la violencia.
Por eso la reinserción no puede convertirse en una especie de borrón y cuenta nueva. La salida de prisión de un terrorista no puede significar la salida de la memoria de sus víctimas del relato público, mucho menos puede convertirse en una oportunidad para presentar a los verdugos como protagonistas de una historia política mientras las víctimas quedan reducidas a una cifra.
La Guardia Civil sí sabe lo que significa no olvidar
La Guardia Civil conoce demasiado bien el precio que tuvo que pagar España durante los años de terrorismo. Sus agentes fueron asesinados en las calles, en controles, en sus domicilios y en los propios acuartelamientos. Sus familias fueron perseguidas y atacadas. Hubo casas cuartel que dejaron de ser hogares para convertirse en objetivos de una organización terrorista. La de Zaragoza fue una de las páginas más terribles de aquella historia.
Y, pese a todo, la Guardia Civil permaneció. Continuó patrullando, investigando, deteniendo terroristas y cumpliendo con su deber después de enterrar a sus compañeros. Esa parte de la historia también merece ser recordada cuando un terrorista avanza hacia la semilibertad.
Porque mientras quienes asesinaron pueden terminar recuperando progresivamente espacios de libertad, los guardias civiles asesinados no tuvieron una segunda oportunidad. Tampoco la tuvieron sus mujeres ni sus hijos. Y los menores que murieron en Zaragoza nunca llegaron a conocer la vida adulta.
Esa es la diferencia que nunca deberíamos perder de vista.
Memoria frente a la normalización
A quienes consideran que recordar estos hechos significa vivir anclados en el pasado habría que responderles precisamente lo contrario: recordar es una forma de impedir que el pasado sea manipulado. Recordar significa explicar que ETA fue una organización terrorista. Significa identificar a sus víctimas y no esconderlas detrás de estadísticas. Significa enseñar a las nuevas generaciones por qué fueron asesinadas personas que no habían hecho absolutamente nada para merecerlo.
Y significa también impedir que el paso del tiempo convierta a los asesinos en personajes casi neutros de nuestra historia reciente. No podemos aceptar que el terrorismo termine ganando también en el terreno de la memoria.
ETA dejó de matar, pero las víctimas no dejaron de ser víctimas el día que la banda anunció el final de su actividad terrorista. Las familias siguen teniendo sus muertos. Los heridos siguen teniendo sus secuelas. Los niños que quedaron huérfanos siguen teniendo una historia que contar. Y España sigue teniendo una responsabilidad con todos ellos.
No pedimos privilegios para las víctimas. Pedimos que no sean olvidadas
Defender a las víctimas no significa reclamar que la ley deje de aplicarse. Significa exigir que se aplique con rigor, transparencia y sin olvidar nunca la naturaleza de los crímenes cometidos.
Pero incluso cuando una decisión penitenciaria sea jurídicamente posible, la sociedad conserva el derecho —y diría que la obligación— de preguntarse qué mensaje se está trasladando a las víctimas y a la propia sociedad. Porque la reinserción de un terrorista no puede exigir a sus víctimas que olviden.
La libertad de quien asesinó no devuelve la vida a quien murió. Un permiso penitenciario no devuelve a una madre el hijo que le arrancó una bomba. Un tercer grado no reconstruye una familia destruida.
Quizá algunos prefieran que estas cuestiones se aborden con lenguaje administrativo, frío y cuidadosamente neutro. Yo no. Cuando se habla de terrorismo, hay momentos en los que la neutralidad mal entendida termina favoreciendo el olvido. Y este es uno de ellos.
No fueron presos políticos. No fue una guerra. No fue un conflicto entre dos bandos. Fue terrorismo. Fueron asesinos sin escrúpulos. Y quienes murieron fueron sus víctimas.
Por eso, ante el tercer grado concedido a Henri Parot, mi posición es clara: respeto el Estado de Derecho, pero no aceptaré jamás que el respeto a los procedimientos penitenciarios implique relativizar los crímenes cometidos ni relegar a las víctimas a un segundo plano. La memoria de una víctima de los terroristas, la de un guardia civil, la de unos niños asesinados, la de cualquier victima de ETA no caduca.
Y mientras los asesinos sigan recuperandor progresivamente su libertad, nosotros seguiremos defendiendo el derecho de quienes nunca pudieron hacerlo, seguiremos intentnado que sus nombres, su dignidad y la verdad sobre cómo murieron permanezcan para siempre.
Porque las víctimas del terrorismo no necesitan que nadie hable como si ya fueran parte de un pasado incómodo que conviene dejar atrás.
Antonio Mancera Cárdenas
Guardia Civil retirado por accidente en acto de servicio
