El Tribunal Militar concluye que la suboficial no actuó con falsedad.
Un tribunal militar ha absuelto por completo a la brigada de la Guardia Civil M. S. V., del delito de denuncia falsa del que se le acusaba.
La resolución, dictada por el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, es firme: el denunciante ha declinado recurrirla, por lo que ya no cabe recurso alguno. Se cierra así un procedimiento que ha durado casi diez años y que, según la afectada, responde a represalias por haber cumplido con su obligación de alertar sobre irregularidades internas.
En 2013, siendo sargento primero destinada en el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Sevilla, M. S. V., detectó y trasladó a través de la cadena de mando varias presuntas irregularidades graves, entre ellas:
- Comercio ilegal de productos pesqueros inmaduros en la lonja municipal de Mercasevilla.
- Trama de gestión irregular de residuos vinculada a empresas dedicadas al reciclaje de aceites vegetales, con presunta connivencia de agentes del SEPRONA que habrían asesorado o encubierto prácticas ilegales durante años.
Según su relato —corroborado en autos judiciales—, puso en conocimiento de sus superiores hechos que afectaban al medio ambiente y a la salud pública. Las denuncias internas no prosperaron penalmente y los procedimientos se archivaron por prescripción de los delitos.
Sin embargo, el entonces coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, F. M. M., presentó contra ella una denuncia por presunto delito de denuncia falsa en el ámbito militar, alegando que las acusaciones carecían de fundamento y perjudicaban a compañeros y mandos.
Durante estos años, la ahora brigada, ha sufrido, según consta en expedientes y sentencias relacionadas, múltiples expedientes disciplinarios, que le supuso la pérdida de la especialidad del SEPRONA, revocación de destino, desalojo de la vivienda que ocupaba en el acuartelamiento de Montequinto (anulado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y largos periodos de baja médica, además de más de 20 procedimientos judiciales y administrativos abiertos contra ella.
En su alegato final ante el tribunal militar declaró: “Me decían que mirara para otro lado. Yo cumplí con mi deber y con mi obligación, que era ponerlo en conocimiento de mis mandos, investigarlo e instruir un informe y elevarlo”. También ha solicitado amparo como denunciante de corrupción al amparo de la Ley 2/2023 y ha elevado el caso a instancias europeas.
El juicio se celebró los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en Madrid. La Fiscalía Militar retiró su acusación al no apreciar indicios de delito. Solo mantuvo la acusación particular que solicitaba 11 meses de prisión y 20.000 euros de indemnización por daños morales que el tribunal no consideró probados.
La sentencia absolutoria destaca que la conducta de M.S.V., no tuvo intención de faltar a la verdad ni de causar daño deliberado, y que se produjo en un “ambiente de gran complejidad” tras sus denuncias iniciales. El tribunal subraya que comunicar presuntas irregularidades internas no puede convertirse en motivo de sanción penal.
