La persecución del bandolerismo por el Ejército seguía sin dar resultados satisfactorios, fracasando diversos intentos de crear cuerpos armados que se encargaran de velar por la seguridad pública, tales como el de Celadores Reales en 1823 y el de Salvaguardias Reales en 1833.
Hubo de esperarse todavía una década más para que viera la luz un proyecto sólido y con vocación de futuro. El primer paso se dio el 26 de enero de 1844, bajo el gobierno de Luis González Bravo, al crearse por real decreto el Ramo de Protección y Seguridad, no dejando duda alguna respecto a la preocupación del principal problema de la época:
“El Gobierno ha menester una fuerza siempre disponible para proteger las personas y las propiedades; y en España, donde la necesidad es mayor por efectos de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la sociedad ni el Gobierno más apoyo ni escudo que la milicia o el Ejército, inadecuados para llevar este objeto cumplidamente o sin prejuicios”.
El segundo paso de importancia, todavía con González Bravo, se concretó el 28 de marzo de 1844, cuando se dictó un real decreto que disponía la creación del “Cuerpo de Guardias Civiles”, de carácter civil y dependiente del Ministerio de la Gobernación y “con el objeto de proveer al buen orden y a la seguridad pública”. El mérito de tal denominación se debió a la entonces jovencísima Isabel II. Como director de organización fue comisionado el 15 de abril el Inspector General del Ejército, el Duque de Ahumada, que gozaba de acreditado prestigio para organizar y reformar tropas. Tan sólo cinco días después remitió a los ministros de Estado y Guerra un documento trascendental en el que expuso con toda claridad y contundencia sus enmiendas y reparos al proyecto que acababa de aprobarse. Desaprobó expresamente la implicación en el servicio, régimen interior, disciplina, ascensos, nombramientos, etc., bajo la libre designación de los jefes políticos de las provincias (figura antecesora de los gobernadores civiles) donde los guardias civiles prestarían sus servicios, la carencia de un inspector general, lo mezquino de sus sueldos, etc., al considerar que todo ello perjudicaría la perdurabilidad del nuevo Cuerpo.
Fue tan convincente en su exposición y motivación que fue autorizado a redactar una nueva propuesta que el propio interesado nominaría como “Bases necesarias para que un General pueda encargarse de la formación de la Guardia Civil”.
Llegados a este punto se produjo un hecho vital para el futuro de la nueva institución que se estaba perfilando. El mariscal de campo Narváez asumió el 3 de mayo el poder y no sólo dispuso la continuidad de su compañero y amigo, el Duque de Ahumada, sino que apoyó de forma determinante su propuesta.
Diez días después se daba el tercer y definitivo paso para la creación del Cuerpo de la Guardia Civil.
Conforme al real decreto de 13 de mayo de 1844, el nuevo cuerpo, esta vez de naturaleza militar, quedaba sujeto al “Ministerio de la Guerra en su organización, personal, disciplina, material y percibo de haberes”, mientras que “en su servicio peculiar debe entenderse con las autoridades civiles, y depender por lo tanto del Ministerio de Gobernación”.
Con la idea de desplegarse por toda la geografía española y convertirse en la primera institución del estado que llegara a todos los ciudadanos, se dispuso inicialmente la creación de 14 tercios integrados a su vez por 39 compañías de Infantería y 9 escuadrones de Caballería, estando compuesta su primera plantilla por 14 jefes, 232 oficiales y 5.769 de tropa.
En el mes de octubre de ese mismo año se aprobaron los reglamentos militar y de servicio, y el 20 de diciembre de 1845, la “Cartilla del Guardia Civil”, redactada por el propio Duque de Ahumada y que puede definirse como el auténtico código deontológico del Instituto.
Su primer artículo pasaba a convertirse en la cimentación ética del nuevo Cuerpo: “El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás”. La impronta de su articulado fue tal que, después de más de siglo y medio, sigue teniendo plena vigencia moral.
La gran eficacia del nuevo Instituto en la erradicación del grave problema del bandolerismo motivó al Gobierno para aumentar su plantilla y potenciar su des-pliegue, convirtiéndose, tal y como han reconocido prestigiosos historiadores, en un instrumento clave en la construcción del estado moderno.
El 7 de noviembre de 1846 el Duque de Ahumada fue promovido al empleo de teniente general, continuando al frente de la Guardia Civil hasta el 1 de agosto de 1854, fecha en la que, como consecuencia de “La Vicalvarada” y el regreso al poder del general Espartero, pasó a la situación de cuartel.
Finalizado el “Bienio Progresista” y ocupada nuevamente la presidencia del gobierno por su amigo el general Narváez, éste volvió a confiar en él y lo repuso al frente del Cuerpo, volviendo a dirigirlo por Real decreto de 12 de octubre de 1856. Cuando un año más tarde el general Leopoldo O’Donnell ostentó la presidencia, lo mantuvo hasta el 1 de julio de 1858.
Pasado otra vez a la situación de cuartel, fue nombrado el 2 de junio de 1862, también con O’Donnell, comandante general del Cuerpo de Alabarderos, desempeñando dicho cargo hasta el 15 de julio de 1866. Casi tres años después, falleció en Madrid el 18 de diciembre de 1869, a la edad de 66 años.
Por Jesús N. Núñez Calvo
Publicado en el nº 36 de la Revista ATENEA
