La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y su formación, Sumar, han decidido que los agentes de la Benemérita, que arriesgan su vida por los ciudadanos, deben ser puestos en la picota por no dominar el catalán.
En las Islas Baleares la Guardia Civil, un baluarte de seguridad que patrulla desde los acantilados de Formentor, hasta las calles de Palma, se enfrenta hoy a una emboscada política que se repite y que no merece.
Una pregunta parlamentaria, firmada por el diputado Vicente Vidal de Más por Mallorca, coaligado con Sumar, acusa a los guardias de “negarse” a tramitar denuncias en catalán, proponiendo castigos que llegan al extremo: hasta seis años de suspensión o la separación del servicio. Una mentira más y una cacería política disfrazada de defensa lingüística
La iniciativa, que Sumar presenta con el fervor de quien descubre una cruzada, apela al Artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Baleares, que consagra el catalán como lengua cooficial y protege el derecho a usarla.
Bonito principio, sin duda. Pero, ¿dónde está escrito que un guardia civil, un policía nacional o un funcionario público, que jura o promete servir a todos los españoles, debe ser un políglota para cumplir su deber?
Miente el diputado Vidal y miente la Vicepresidenta 2ª, ya que como todo el mundo sabe, al parecer todo el mundo menos ellos, todos los cuarteles del archipiélago disponen de formularios normalizados en catalán, y los agentes tramitan denuncias independientemente de la lengua o del idioma en que se presenten.
Además, el Artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2007, al que se apela, garantiza el derecho a usar el catalán, pero no impone a los funcionarios la obligación de dominarlo, un matiz que la iniciativa de Vidal parece pasar por alto.
Lejos de ser un obstáculo, los guardias civiles demuestran día a día su compromiso con los ciudadanos baleares, atendiendo en la lengua catalana (en Baleares el mallorquín) o en el idioma español de España, con absoluta profesionalidad
La Guardia Civil no solo respeta ese derecho, sino que lo facilitan con formularios normalizados, también en lengua catalana, tramitando cada denuncia, se haga en la lengua o en el idioma que se haga. Entonces, ¿de qué “negativa intolerable” habla Sumar? ¿De qué “conducta discriminatoria” se acusa a unos agentes que, con profesionalidad, atienden a todos por igual?
La pregunta parlamentaria de Vidal, que Sumar respalda mientras comparte mesa en el Consejo de Ministros, no es más que una maniobra política. No es solo una contradicción que un partido de Gobierno interrogue al propio Gobierno; es una afrenta a los guardias civiles que, con recursos escasos y turnos agotadores, garantizan la seguridad del archipiélago.
Recuerda Sumar con bastante entusiasmo, que los guardias civiles pueden ser sancionados por faltas muy graves: suspensión de empleo de tres meses a seis años, pérdida de destino, incluso separación del servicio. Pero, además, considera que, por no atender a una persona en catalán, podría darse una «conducta discriminatoria por razón de lengua» que consideran como «falta muy grave».
Deberíamos preguntar al “señor” Vidal o a la “señora” Díaz, si para ellos es razonable que un agente, que quizás acaba de llegar a Baleares desde Extremadura o Andalucía, como refuerzo policial en plena campaña veraniega, pueda llegar a perder su empleo por no hablar catalán y deberíamos preguntarnos nosotros, si es más importante saber catalán que velar por la seguridad de los ciudadanos y por último, los “señores” de Sumar, deberían preguntarse y por supuesto, explicárselo a los ciudadanos baleares, que lo que en realidad pretenden es, relegar a la Guardia Civil de sus funciones, poner trabas a los agentes para realizar sus servicios, con reclamaciones absurdas, para proteger la lengua catalana por encima de la seguridad, anteponiendo sus banderas partidistas a la propia seguridad y que recuerden que cuando un guardia civil realiza un rescate en El Pico Mayor (en mallorquín Puig Major) en el El pico de Masanella (en mallorquín: Puig de Massanella) de la Sierra de Tramontana (en mallorquín Serra de Tramontana), o auxilia a una familia arrastrada por el agua durante una riadas o en un accidente, estos no preguntan, ni les importa, si los guardias civiles que les están auxiliando, hablan catalán, mallorquín, alemán, español o chino mandarín.
Peor aún, a nadie se le escapa que la sombra de Cataluña planea sobre esta iniciativa. Allí, la Guardia Civil ha visto cómo sus competencias, garantizadas por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son erosionadas en favor de los Mossos d’Esquadra, con ejemplos tan graves como su exclusión del servicio de emergencias 112.
Al parecer, lo que se pretende ahora es que Baleares sea el próximo campo de la batalla lingüística y la Guardia Civil, una vez más el enemigo. La propuesta de Sumar, que en el fondo parece buscar la exclusión de los guardias civiles que no hablen catalán, evoca un plan más oscuro: limitar la presencia de la Benemérita, como si su presencia fuera un estorbo en el paisaje balear.
Mientras los guardias civiles lidian con la falta de personal, falta de alojamiento y medios insuficientes, Sumar desvía la mirada hacia un problema que realmente no existe, ya que en cada cuartel existen formularios normalizados en distintos idiomas, incluida la minoritaria lengua catalana para recoger denuncias.
En lugar de soluciones, se nos ofrece una polémica artificial, un señuelo para avivar tensiones lingüísticas que no reflejan la realidad de unas islas donde el catalán y el castellano conviven sin problema. Olvidan Yolanda y Vicente, que la Guardia Civil no es Sumar, no discrimina por ninguna razón; atiende, protege, sirve a todos por igual, y lo hace a pesar de la política y de los políticos, con un compromiso que ninguna amenaza de sanción puede quebrar.
Basta de cacerías, la Guardia Civil no es el enemigo, ni en Baleares ni en ningún rincón de España. Yolanda, Vicente y Sumar harían bien en recordar que gobernar es unir, no dividir; es apoyar a quienes nos cuidan, no señalarlos con preguntas trampas.
Los guardias civiles de Baleares merecen respeto, no amenazas. Y los ciudadanos, que confían en su labor, merecen unos políticos que resuelvan problemas reales, no que los inventen o los creen, porque, al final, en las calles de Palma, en los caminos de Menorca, o en las cumbres de la Sierra de Tramontana, la Guardia Civil seguirá siendo lo que siempre ha sido, pronóstico feliz para el afligido y la garantía de nuestra seguridad, en español, inglés, alemán o francés, con o sin catalán.
Antonio Mancera Cárdenas
Director Tribuna Benemérita
