El CENIF comunica a la Audiencia Nacional que gendarmes marroquíes guiaron a miles de personas hasta el Tarajal bajo las órdenes de agentes de paisano y que la operación habría tenido un objetivo distinto del estrictamente migratorio
La entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio puede estar a punto de dejar de ser considerada exclusivamente como una crisis migratoria para convertirse también en un asunto de seguridad nacional.
Un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, y remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, sostiene que la llegada masiva a Ceuta no habría sido un movimiento espontáneo de personas alentadas únicamente por las redes sociales o por las mafias de inmigración.
Según las conclusiones del documento, adelantadas por El Español y posteriormente recogidas y contrastadas por distintos medios, agentes de los cuerpos de seguridad marroquíes habrían participado directamente en la organización y conducción del flujo de personas hacia la frontera española.
El informe señala concretamente a gendarmes marroquíes que habrían guiado a los inmigrantes desde la zona de Castillejos hacia la frontera, indicándoles por dónde dirigirse y cómo acceder al espigón de El Tarajal. Paralelamente, agentes vestidos de paisano habrían supervisado y monitorizado sobre el terreno el desarrollo de la operación.
La Policía Nacional sostiene que dispone de imágenes y otros elementos de análisis que respaldarían sus conclusiones. El CENIF habría estudiado las imágenes y vídeos disponibles sobre los momentos anteriores y posteriores a la entrada masiva, además de analizar los perfiles de las personas que participaron en las diferentes fases de los acontecimientos.
No habría sido un fenómeno migratorio espontáneo
La principal conclusión que se desprende del informe es especialmente relevante: la entrada masiva habría respondido a un proceso organizado cuyo objetivo era saturar el dispositivo fronterizo español y reducir o eliminar su capacidad de respuesta. La dimensión de lo ocurrido ayuda a entender la trascendencia de este informe policial.
En apenas dos días entraron en Ceuta alrededor de cerca de 80.000 personas, según la cifra manejada por el Ministerio del Interior. La llegada simultánea de esa cantidad de personas provocó una presión extraordinaria sobre las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia, los sistemas de acogida y el conjunto de los servicios públicos de la ciudad.
De hecho, el Gobierno acabó declarando formalmente la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta mediante el Real Decreto 681/2026, al considerar que la crisis había superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.
Es decir, el propio Estado español terminó reconociendo oficialmente la extraordinaria dimensión de una situación que ahora Policía Nacional analiza desde una perspectiva que va mucho más allá de la inmigración irregular.
Una operación presuntamente dirigida desde Marruecos
El informe del CENIF apunta además a una actuación coordinada de agentes marroquíes uniformados y de paisano. Los primeros habrían desempeñado funciones visibles sobre el terreno, orientando y canalizando a las personas que se dirigían hacia Ceuta, mientras que los segundos habrían supervisado el desarrollo de la operación y dado instrucciones.
Esta circunstancia es especialmente relevante porque, de confirmarse judicialmente, significaría que las fuerzas de seguridad de un país vecino no se habrían limitado a permitir o tolerar la salida de personas hacia territorio español, sino que habrían intervenido activamente para facilitar y dirigir su llegada a la frontera española. Y esa es una de las claves de la investigación.
La Audiencia Nacional ya había solicitado a Policía Nacional y Guardia Civil que investigasen si lo ocurrido podía responder a una acción concertada o dirigida por un grupo criminal u otro actor, además de reclamar información sobre posibles avisos previos. Ahora, la respuesta policial introduce un elemento completamente nuevo: la posible participación directa de agentes marroquíes.
El Gobierno sostenía hasta ahora una versión diferente
La relevancia del informe aumenta todavía más al compararlo con las explicaciones ofrecidas públicamente por el Ejecutivo.
El pasado 27 de agosto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso que el Gobierno no había tenido información previa ni precisa sobre la magnitud de la entrada de unas 70.000 personas.
Ese mismo día, Bolaños negó además que existieran evidencias de que Marruecos hubiera liderado, impulsado o dirigido la entrada masiva en Ceuta.
La posición oficial contrastaba así con las acusaciones formuladas desde algunos sectores políticos e incluso policiales, que desde los primeros días reclamaban investigar el papel desempeñado por Marruecos. Ahora, el informe del CENIF obliga a revisar aquellas afirmaciones, aunque todavía no permite afirmar que la responsabilidad de Marruecos haya quedado judicialmente acreditada.
Marlaska exige explicaciones a la Policía
La publicación del informe ha provocado una reacción especialmente significativa dentro del propio Ministerio del Interior. El ministro Fernando Grande-Marlaska remitió durante la madrugada de este miércoles una carta al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, para exigirle que aclare si el contenido publicado por El Español es cierto y, en ese caso, desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información.
La petición del ministro resulta especialmente llamativa porque, según la información publicada, Marlaska afirma que desconocía el contenido del informe que la unidad policial, dependiente directamente de Interior, había remitido directamente a la Audiencia Nacional.
El titular de Interior considera que, si esa información es cierta, tiene una importancia que excede de la investigación judicial, ya que podría afectar a la política interior y exterior y a la defensa del Estado.
En su escrito recuerda además que, al haberse declarado la situación de interés para la Seguridad Nacional, una información de esta naturaleza debería ponerse inmediatamente en conocimiento de los órganos competentes en esta materia.
La pregunta que queda encima de la mesa es inevitable: ¿Cómo es posible que un informe elaborado por una unidad de inteligencia de la Policía Nacional haya llegado a una magistrada de la Audiencia Nacional sin que el titular del Ministerio del Interior tuviera conocimiento de su contenido?
La respuesta corresponde ahora a la propia dirección de la Policía Nacional.
La Audiencia Nacional deberá decidir si hay materia para investigar
El procedimiento se encuentra en una fase preliminar. La jueza había solicitado informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado después de recibir una denuncia de Iustitia Europa, en la que se planteaba que la llegada masiva no podía ser considerada un fenómeno migratorio ordinario o espontáneo y se pedía investigar posibles delitos relacionados con la seguridad del Estado.
Tras recibir el informe policial, la magistrada lo ha trasladado a la Fiscalía, que deberá pronunciarse sobre las diligencias y sobre la eventual competencia de la Audiencia Nacional.
El informe se trata por tanto de un documento elaborado por una unidad de inteligencia de la Policía Nacional y entregado a una magistrada en el marco de unas diligencias judiciales.Y en este contexto corresponde a la magistrada María Tardón decidir, dada su importancia si abre formalmente una investigación sobre una posible actuación de agentes marroquíes.
Un asunto que afecta directamente a la seguridad de la frontera
La trascendencia de lo ocurrido no reside únicamente en el número de personas que consiguieron entrar en Ceuta. Según el informe policial, España se encontraría ante un escenario mucho más delicado: la utilización organizada de un flujo masivo de inmigración irregular como instrumento para poner a prueba o desbordar la capacidad de respuesta de una frontera española. Y eso ya no sería exclusivamente una cuestión migratoria.
Sería una cuestión de seguridad fronteriza, seguridad nacional y relaciones con un país vecino.
Precisamente por ello, resulta especialmente relevante que el Real Decreto que declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional reconociera oficialmente que la llegada masiva había generado una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo y había alterado el funcionamiento ordinario de los servicios públicos de Ceuta.
Bruselas introduce otro elemento en el debate
Mientras España intenta determinar qué ocurrió realmente, la Unión Europea ha introducido otro elemento que conviene separar de la investigación sobre Marruecos.
El Servicio Europeo de Acción Exterior ha confirmado que detectó intentos de Rusia de aprovechar la crisis de Ceuta mediante campañas de desinformación, pero ha dejado claro que no existen pruebas concluyentes de que actores estatales extranjeros provocaran la crisis, tal como llegó a asegurar el Ejecutivo.
Que determinadas redes extranjeras intentaran explotar posteriormente la crisis no demuestra quién provocó la entrada masiva. Y, del mismo modo, la existencia del informe del CENIF no significa todavía que la implicación de Marruecos haya sido judicialmente probada.
Lo que sí ha cambiado es el escenario de la investigación. Hasta ahora se discutía fundamentalmente por qué entraron decenas de miles de personas en Ceuta y qué información manejaba el Gobierno antes de que sucediera.
Ahora existe un informe policial que plantea una pregunta mucho más grave: ¿Quién organizó realmente aquella operación y con qué finalidad? La respuesta tendrá que llegar de la investigación judicial y de las pruebas que puedan incorporarse a ella, ya que aún faltan los informes sobre la invasión solicitados igualmente por la magistrada a Guardia Civil y el CNI.
Mientras tanto, la Guardia Civil y la Policía Nacional continúan siendo una pieza esencial en la protección de la frontera española y en la seguridad de una ciudad que ha soportado una presión extraordinaria.
Y si finalmente se demuestra que agentes de un país vecino participaron deliberadamente en la dirección de una entrada masiva destinada a desbordar las capacidades españolas, estaríamos ante unos hechos de una gravedad muy superior a la de una crisis migratoria convencional.
