La mujer hizo caso omiso de las órdenes de los agentes, agarró a un policía por la muñeca y ofreció resistencia durante su detención, produciéndole una lesión
La autoridad judicial de Ceuta ha condenado a una activista francesa por un delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad y por un delito leve de lesiones, después de protagonizar un incidente durante la madrugada del viernes en la zona de Benítez, donde Policía Nacional y Guardia Civil desarrollaban un dispositivo de seguridad ante la presencia de numerosos inmigrantes.
La condena se produjo por conformidad, después de que la acusada reconociera los hechos y se alcanzara un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y su defensa.
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso El Faro de Ceuta, la mujer, identificada por sus iniciales L.S., se encontraba en la carretera de Benítez mientras los agentes desarrollaban labores de control y mantenimiento de la seguridad ciudadana.
En ese momento, los efectivos policiales le requirieron en varias ocasiones que abandonara una zona considerada peligrosa y se desplazara a un lugar seguro, debido a que se estaban produciendo lanzamientos de piedras.
La mujer, según establece la resolución judicial, hizo caso omiso de las órdenes recibidas y permaneció en el lugar, dificultando de esta manera la actuación de los agentes.
Lesionó a un policía
La situación terminó elevando el nivel de tensión cuando uno de los agentes de la Policía Nacional trató de apartar a la mujer de las inmediaciones de un vehículo policial.
Según los hechos recogidos en la sentencia, la activista agarró fuertemente al agente por una de sus muñecas y le clavó las uñas, provocándole lesiones.
La actuación policial continuó con la detención de la mujer, momento en el que, siempre según la resolución judicial, ofreció una fuerte resistencia.
Durante el arresto llegó a propinar varias patadas al agente, alcanzándole en una de sus manos.
Como consecuencia de la agresión, el policía sufrió lesiones en la muñeca, que fueron objeto de valoración judicial.
Cinco meses de multa y 330 euros de responsabilidad
La sentencia fue dictada por conformidad, lo que implica que la acusada reconoció los hechos y aceptó las consecuencias penales acordadas entre las partes.
Por el delito de resistencia y desobediencia grave a la autoridad, la mujer fue condenada a cuatro meses de multa, con una cuota diaria de seis euros.
A esta pena se añadió una segunda condena por un delito leve de lesiones, con un mes de multa, igualmente a razón de seis euros diarios.
En total, las multas ascienden a 900 euros.
Además, la resolución establece el pago de 330 euros en concepto de responsabilidad por las lesiones ocasionadas al agente de la Policía Nacional.
La conformidad alcanzada durante el procedimiento permitió resolver el caso de manera inmediata, quedando acreditados judicialmente los hechos reconocidos por la acusada.
Un dispositivo marcado por la tensión
El incidente se produjo en una zona de Benítez que en las últimas semanas se ha convertido en uno de los puntos donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están teniendo que desplegar dispositivos de vigilancia ante la concentración de inmigrantes.
La presencia de numerosos grupos de personas en determinadas zonas de la ciudad, junto con la tensión generada en algunos puntos, ha obligado a incrementar la presencia policial para prevenir altercados y garantizar la seguridad tanto de los agentes como de los ciudadanos.
En el momento de los hechos se estaban produciendo lanzamientos de piedras, circunstancia que llevó a los agentes a ordenar a las personas presentes que abandonaran las zonas consideradas de riesgo.
Es precisamente en ese contexto cuando se produjo el enfrentamiento que terminó con la detención y posterior condena de la activista.
No es el primer incidente con activistas
El caso se produce además pocos días después de la detención de otros dos activistas extranjeros en Ceuta, un canadiense y una alemana, a los que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, relacionó con actuaciones dirigidas a alentar respuestas violentas contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Aquellas detenciones fueron posteriormente denunciadas públicamente por la organización No Name Kitchen, que reclamó la liberación de ambos y defendió su condición de voluntarios con experiencia en labores humanitarias en Ceuta.
Estos episodios han situado en el centro del debate la actuación de determinados colectivos y voluntarios que desarrollan actividades relacionadas con la atención a los inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma.
En cualquier caso, cada procedimiento judicial debe analizarse de forma individual y atendiendo a los hechos concretos acreditados.
La autoridad de los agentes, en el centro del conflicto
El caso de Benítez vuelve a poner de manifiesto una cuestión especialmente sensible para quienes desarrollan su labor en primera línea: el cumplimiento de las órdenes legítimas de los agentes durante una intervención de seguridad.
En esta ocasión, la actuación judicial ha establecido que la mujer desobedeció las órdenes recibidas, permaneció en una zona considerada peligrosa y posteriormente agredió a un agente durante su detención.
La sentencia por conformidad pone así punto final al procedimiento con una condena por resistencia y desobediencia grave a la autoridad y lesiones, además de la correspondiente responsabilidad económica por los daños causados al policía.
Para los agentes desplegados en Ceuta, episodios como este reflejan las dificultades añadidas que deben afrontar durante servicios desarrollados en escenarios de elevada tensión.
Policías nacionales y guardias civiles continúan trabajando en distintos puntos de la ciudad para mantener la seguridad y evitar que situaciones de tensión terminen derivando en enfrentamientos.
Y, cuando una intervención se produce en un entorno especialmente conflictivo, el respeto a las indicaciones de los agentes y a la autoridad que representan resulta esencial para evitar que una situación de riesgo termine convirtiéndose en un problema aún mayor.
