El Ejecutivo descarta equipar a la Guardia Civil con drones de vigilancia del Ejército del Aire para reforzar el control del Estrecho de Gibraltar, al tiempo que sigue negando a los agentes la consideración de profesión de riesgo, pese a los peligros mortales a los que se enfrentan a diario.
La contradicción es evidente: se les trata como cuerpo militar para negarles mejoras laborales, pero no se les dota de los medios propios de las Fuerzas Armadas.
La decisión llega tras la muerte, hace solo unas semanas, de dos guardias civiles del Servicio Marítimo en Huelva. Los agentes perdieron la vida persiguiendo una lancha de narcotraficantes, un suceso que vuelve a poner de manifiesto la extrema vulnerabilidad de los efectivos desplegados en la zona.
En apenas dos años, cuatro guardias civiles han fallecido en operaciones contra el narcotráfico en el sur de España.Pese a esta realidad, el Gobierno mantiene que la Guardia Civil, por su naturaleza militar y su dependencia conjunta de Interior y Defensa, queda fuera de las protecciones previstas para profesiones de riesgo civil. Eso implica que sus agentes no pueden acogerse a coeficientes reductores para jubilarse antes sin penalización en la pensión, como ocurre con policias autonómicas, locales, mineros, pilotos, ferroviarios o artistas. La misma argumentación se utiliza para frenar sistemáticamente la equiparación salarial y otras mejoras.
Sin embargo, esa “naturaleza militar” no se traduce en acceso a recursos castrenses clave. Los agentes del Estrecho siguen sin poder disponer de manera habitual de armas largas para luchar contra el narcotráfico, el Ejecutivo ha descartado ahora el uso operativo de los drones MQ-9 Reaper (Predator B) del Ejército del Aire, a pesar de que estas aeronaves fueron adquiridas precisamente para misiones de seguridad y vigilancia en el Estrecho y Canarias.
España cuenta con cuatro de estos drones, desplegados en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz) por el Ala 23. El pasado año ya realizaron su primera misión operativa en el Mediterráneo occidental dentro de la operación Sea Guardian de la OTAN, cubriendo desde el Estrecho hasta el canal de Sicilia. Desde enero de este año, además, se han integrado los pods SOAR, que les otorgan capacidades avanzadas de inteligencia de señales (ELINT) e inteligencia de comunicaciones (COMINT). Es decir, pueden interceptar y localizar comunicaciones por radio, detectar patrones de los narcos y alertar en tiempo real a las patrulleras y efectivos en tierra.
En Estados Unidos, los MQ-9 Reaper han sido una herramienta decisiva contra los carteles mexicanos. Los drones españoles, sin embargo, no se emplean de forma similar en la principal ruta de entrada de hachís y cocaína a Europa.
Fuentes internas consultadas destacan que esta tecnología permitiría detectar las comunicaciones de las organizaciones criminales antes de que las lanchas neumáticas salgan al mar, facilitando interceptaciones más seguras y efectivas. Una capacidad especialmente valiosa ante el incremento de la violencia y la sofisticación del crimen organizado.Riesgo extremo reconocido… y desatendido
El propio Ministerio del Interior admite en documentos internos que “la combinación del incremento de la violencia, el uso acreditado de armamento de guerra contra funcionarios y el desajuste entre la amenaza y los medios disponibles configura una situación de riesgo extremo que exige una respuesta inmediata”.
Pese a este diagnóstico, los agentes que operan en misiones de alta peligrosidad no pueden responder con proporcionalidad al fuego sin exponerse a graves consecuencias judiciales. Mientras, los narcotraficantes desembarcan armados con fusiles AK-47 y transportan munición de guerra, como se ha documentado en varias ocasiones en el Guadalquivir.
Las asociaciones profesionales calculan un déficit importante de efectivos: solo en las comandancias de Cádiz y Algeciras harían falta unos 500 guardias civiles adicionales, y alrededor de 300 en Huelva.
En 2022, el Ministerio del Interior disolvió la unidad OCON Sur, especializada en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. En el Estrecho, la batalla contra el narco se libra con medios limitados y, cada vez más, a un coste humano inaceptable.
