Con los votos de PSOE y Sumar, se ha aprobado una nueva ampliación por 15 días más del plazo de enmiendas. ason ya 71 prórrogas desde que la iniciativa fue aprobada en el Senado en junio de 2024.
Apenas unos días después de la muerte en acto de servicio del capitán Jerónimo Jiménez Molero y del agente Germán Pérez González en una persecución a una narcolancha frente a las costas de Huelva —un trágico suceso que dejó además otros dos guardias civiles heridos—, la Mesa del Congreso de los Diputados ha vuelto a dar carpetazo a la proposición de ley que busca reconocer a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo.
Ya van 71 prórrogas desde que la iniciativa aprobada en el Senado en junio de 2024, y que llegó al Congreso en septiembre de ese mismo año. En la práctica, esto equivale a un bloqueo sistemático que impide su debate en comisión o en el Pleno.
Una reclamación histórica frente a un trato diferencial
Esta parálisis resulta especialmente llamativa cuando se compara con el trato dispensado a otros cuerpos policiales. En España, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra y policías locales sí están reconocidas como profesiones de riesgo.
Estos colectivos disfrutan de coeficientes reductores que les permiten acceder a la jubilación anticipada (generalmente entre los 59 y 60 años) sin merma significativa de su pensión.
La incongruencia es evidente: agentes que operan bajo el mismo techo constitucional —defendiendo la seguridad de todos los españoles— reciben un trato distinto según su adscripción territorial.
Mientras los cuerpos autonómicos y locales cuentan con este reconocimiento desde hace años, los dos cuerpos estatales con mayor despliegue y por tanto mayor exposición al riesgo —Policía Nacional y Guardia Civil— quedan sistemáticamente excluidos.
¿Qué otras profesiones sí son de riesgo?
En España están consideradas como profesiones de riesgo aquellas actividades “excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres” o con elevados índices de morbilidad o mortalidad.
Entre las reconocidas figuran:
- Mineros
- Personal de vuelo en trabajos aéreos
- Trabajadores ferroviarios
- Profesionales taurinos
- Bomberos al servicio de las administraciones públicas.
- Artistas
- Y, como ya se ha señalado, la totalidad de los cuerpos policiales autonómicos y locales.
Incluso la carrera militar ha iniciado trámites para su inclusión.
Sin embargo, los más de 150.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil —que afrontan diariamente narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, inmigración irregular y orden público en condiciones extremas— siguen sin este reconocimiento.
Su reconocimiento no es un privilegio, sino un ajuste justo y necesario a la dura realidad de un trabajo que conlleva exposición constante a la violencia, turnos irregulares, elevado estrés postraumático y un riesgo real y cotidiano de morir en acto de servicio.
Esta medida permitiría, principalmente, la aplicación de coeficientes reductores para acceder a una jubilación anticipada sin penalización económica, además de otras mejoras relevantes en condiciones laborales y en la protección de la salud física y mental de los agentes.
Las asociaciones profesionales de ambos cuerpos llevan años reclamándolo con respaldo sindical y social.. El propio Gobierno ha mantenido conversaciones técnicas, pero la tramitación parlamentaria sigue congelada en ese “congelador” en el que se ha convertido para guardias civiles y policías nacionales la Mesa del Congreso.
La muerte de los dos guardias civiles en Huelva ha reavivado el debate y las críticas. Fuentes parlamentarias señalan que la estrategia de prórrogas sucesivas busca evitar una votación en la que el Gobierno no tendría garantizado el apoyo suficiente.
Mientras, los agentes continúan exponiendo su vida en operativos de alto riesgo sin el reconocimiento normativo que sí tienen sus homólogos autonómicos.
Este nuevo bloqueo —el número 71— no solo perpetúa una injusticia histórica, sino que envía un mensaje preocupante: la peligrosidad real de quienes protegen a los ciudadanos parece importar menos cuando se trata de los cuerpos estatales.
Cuando se exige cada vez más a sus fuerzas de seguridad, resulta difícil justificar por qué se les niega el mismo trato que a otros colectivos con menor exposición nacional.
La sociedad española merece una respuesta coherente y digna de quienes arriesgan su integridad por la seguridad de todos. El debate no puede seguir eternamente aplazado.
